El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar, en su reunión de hoy, el Plan de Derechos Humanos y el Real Decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012, entre otros asuntos.

La habitual reunión de los viernes, que comenzará a las 9:30 horas, estará presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en sustitución del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que asiste a la cumbre europea de Bruselas.

El Plan de Derechos Humanos situará a España "en la vanguardia" en la defensa de estos derechos, según explicó María Teresa Fernández de la Vega, que lo presentará el lunes en la ONU.

El Plan, que tiene una vigencia de cuatro años, contiene 172 compromisos que asumirá el Gobierno, que serán vigilados por la sociedad civil y controlado por el Parlamento.

Incluye diversas reformas, entre ellas la de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, amplia las garantías legales del detenido y propondrá al Parlamento una ley integral de Igualdad de Trato y no Discriminación.

El Consejo de Ministros también tiene previsto dar luz verde al Real Decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012, con el que se pretende aumentar la superficie mínima de la vivienda protegida y extender la ayuda a la entrada a las familias con rentas medias.

El plan propone que la vivienda protegida tanto para venta como para alquiler tenga una superficie mínima de 30 metros cuadrados para dos personas.

También introducirá la figura del alquiler protegido con opción a compra y se centrará en la rehabilitación de viviendas y en la renovación de núcleos urbanos.

En el ámbito de la vivienda, el Consejo también aprobará el proyecto de Ley de Medidas de Fomento del Alquiler, que reformará la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la de la Propiedad Horizontal, algo que persigue elevar el actual parque de viviendas en alquiler.

En su reunión, el Ejecutivo tiene previsto crear la nueva Oficina Judicial, con la aprobación del anteproyecto de ley para su implantación, que reparte la carga de trabajo entre el juez y el secretario judicial con el objetivo de modernizar y agilizar la Administración de Justicia.