El Gobierno da el visto bueno al nuevo paquete de medidas para promover el empleo

El Gobierno dio este viernes el visto bueno al nuevo paquete de medidas para proteger y promover el empleo, una obligación que exigirá a las empresas medianas que quieran recibir un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el que poder seguir funcionando.

Así consta en la primera condición que se exigirá a estas compañías: la de haber mantenido o creado empleo durante 2008, que se une a otros requisitos como hacer actividades de I+D+i con al menos el 1% de su cifra de negocio y que un cuarto de esa facturación se haya producido fuera de España.

Para acceder a esta nueva línea de créditos del ICO, que contará con 6.000 millones de euros, también se exigirá a las empresas que su volumen de negocio no supere los 4.500 millones de euros, no estén participadas por una empresa o un conjunto de empresas que superen esa cifra y estén al corriente de los pagos con la entidad con la que formalicen el préstamo.

El Consejo de Ministros también aprobó el Decreto-Ley con las seis medidas extraordinarias de índole laboral que tendrán un coste inicial de 1.577 millones de euros.

Así lo afirmó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y precisó que alguna de las partidas destinadas a estas propuestas se "proyectarán" a algún otro ejercicio dada su naturaleza.

Fernández de la Vega subrayó que las decisiones que ha tomado el Ejecutivo en materia de empleo son "relevantes" y recalcó que todas las medidas aprobadas hoy han sido analizadas y valoradas por el Gobierno y los agentes sociales.

Todas las propuestas, de carácter urgente y coyuntural, están previstas para este año, aunque el Gobierno no descarta su continuidad.

Así, el Ejecutivo evaluará, previa consulta a la patronal y a los sindicatos, el funcionamiento y los resultados de estas medidas para decidir si se mantienen más allá de este año o si se modifican.

Cinco de la seis medidas aprobadas se recogen en tres capítulos del Real Decreto, y una, la referida al reforzamiento de los Servicios Públicos de Empleo, no se incluye en su articulado porque no requiere modificaciones legislativas para su aplicación.

Tres de las propuestas son relativas a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y están encaminadas a favorecer tanto a los trabajadores afectados por dichos expedientes, como a las empresas durante los periodos de suspensión de contratos como consecuencia de los mismos.

Por una parte, los trabajadores podrán recuperar el tiempo de la prestación por desempleo que hubieran consumido durante la suspensión de su contrato por un ERE, en el caso de que posteriormente se le vuelva a extinguir su contrato.

Para las empresas se establece una bonificación del 50% de sus cuotas a la Seguridad Social durante el periodo de suspensión de trabajo como consecuencia de los ERE, con un límite máximo de 240 días.

También se pretende estimular la actividad laboral de los trabajadores prejubilados afectados por un ERE que han suscrito un convenio especial con la Seguridad Social, para que de los 61 a los 65 años puedan compatibilizar esta situación con otras ocupaciones que coticen a la Seguridad Social.

También se han aprobado los aplazamientos de pago de cuotas empresariales a la Seguridad Social, la bonificación del 100 por ciento de dichas cuotas a los empresarios si contratan a desempleados, y la eliminación del periodo de espera para empezar a cobrar el paro.

Además, se impulsa la contratación parcial, medida de la que se podrán beneficiar también los trabajadores a tiempo parcial con jornadas muy reducidas.

Todas las propuestas entrarán en vigor cuando se publique el Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).