"Cuando haces una obra pública es como tener una novia, ya que puedes romper más o menos fácilmente, pero cuando te metes en una concesión administrativa, eso es un matrimonio". Gran frase de un directivo del sector de las infraestructuras que ilustra gráficamente la fuerte obligación que contraen tanto el Ministerio de Fomento (o, en general, cualquier administración pública) como las empresas adjudicatarias en las concesiones de infraestructuras. Estos son los contratos en los que el Gobierno quiere basar gran parte de la nueva inversión que se hará en infraestructuras para contribuir a la recuperación económica, como dejó claro la ministra de Fomento, Ana Pastor, en su comparecencia en el Congreso la semana pasada. Su departamento quiere dar un vuelco a la norma sobre concesiones, que es la base sobre la que se sustenta el éxito del modelo español de infraestructuras.

Una muestra de este éxito es que las grandes constructoras españolas (ACS, Ferrovial, FCC, Acciona, Sacyr y OHL) copan los primeros puestos en el ranking mundial de concesiones año tras año. La modificación que estudia Fomento toca directamente la financiación de las infraestructuras, que es una de la bazas de inversión que tienen los gobiernos ahora para intentar estimular la economía y contrarrestar el efecto negativo en el crecimiento que provocan los recortes impuestos por la austeridad que impone sin cortapisas la Comisión Europea. Pastor asegura en cada intervención que Fomento es el Ministerio inversor que tiene que contribuir a la recuperación económica.

Busca limitar la responsabilidad económica que tiene el Estado

Según fuentes de Fomento, el cambio se hará "este año" y lo justifican porque hay una directiva comunitaria sobre concesiones. Sin embargo, esta norma está aún en fase de consultas, confirman los expertos.

Las empresas del sector saben que el Gobierno tiene prisa, también porque ellas están presionando en Fomento para que se solucionen cuestiones urgentes como el rescate de las autopistas de peaje radiales que salen de Madrid (paralelas a las autovías), que están al borde de la quiebra.

Antes hay que aclarar que los contratos de concesiones se han aplicado, sobre todo, a autopistas, pero, cada vez más, a todo tipo de infraestructuras. Así, en los últimos años, administraciones de todo signo político han utilizado esta fórmula para financiar hospitales o centros sociales. Es un modo de pagar a largo plazo estas infraestructuras cediendo la gestión a una empresa privada. Y, ahora, es una vía que potenciará el PP, a través de la colaboración público-privada, ante la escasez presupuestaria. Muchas nuevas obras se harán gracias al dinero privado o no se harán.

Hay riesgo de que el cambio ahuyente la inversión de las empresas

Ahora, la modificación que estudia Fomento busca limitar la responsabilidad económica del Estado. Plantea tocar una piedra angular del modelo de concesiones: el reequilibrio económico financiero, en jerga del sector. Esto garantiza a las empresas adjudicatarias que si no se cumplen las condiciones en las que la Administración les concedió una autopista, por ejemplo, pueden exigir compensaciones. Normalmente, esas compensaciones suelen ser una ampliación del plazo de la concesión, lo que les da más años de negocio con los que recuperar la inversión y obtener una rentabilidad.

El riesgo de este cambio es que puede ahuyentar la inversión de las empresas privadas en obras que quiere promover la Administración, admiten fuentes del sector. A priori, el hecho de que la Administración sea el responsable último de la infraestructura, también económico, es una ventaja para las empresas. Pero también una garantía para que los bancos entren a financiar infraestructuras y que estas se puedan hacer.