El Gobierno ha despejado hoy la duda sobre la actualización de las pensiones conforme al dato del Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre, del que ha tenido conocimiento por adelantado y que asciende al 2,9%. Tras insistir una y otra vez el presidente y los miembros del Ejecutivo de que éste cumpliría la ley al respecto, finalmente no será así y las pensiones no serán actualizadas de acuerdo con el IPC. La Ley General de la Seguridad Social recoge en su artículo 48.1.1 (Subsección II. Pensiones contributivas) que "Las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, serán revalorizadas al comienzo de cada año en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para ese año", que se corresponde con el del mes de noviembre.

La vicepresidenta y la ministra de Trabajo han comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para informar sobre este asunto y la aprobación de un Real Decreto Ley de Medidas de Consolidación y Garantía del Sistema de Seguridad Social, en el que se incluye, además, la medida por la cual las pensiones de 1.000 euros mensuales o menos se revalorizarán un 2%, casi un punto menos del citado IPC de noviembre, una medida que tiene un coste de 1.513 millones. Los pensionistas que entran dentro de esta categoría equivalen a un 74% del total (6,6 millones de pensiones). Por su parte, se mantiene la revaloración del 1% para el resto de pensionistas (27,6%) aprobada por el Gobierno en diciembre de 2011.

El anuncio del Gobierno se produce cinco días después de las elecciones autonómicas catalanas (en las que el PP ganó un escaño más) y al día siguiente de la visita del secretario general de la OCDE a Mariano Rajoy, cuando le pidió más esfuerzos y restricciones en materia laboral y de prestaciones y, aunque el Gobierno ha negado que haya relación entre las recomendaciones de Ángel Gurría y esta decisión, también ha evitado responder a si el jefe del Ejecutivo comparecerá en el Congreso para explicar el incumplimiento de su compromiso estrella electoral: las pensiones son la "línea roja" que no se tocará, insistía Rajoy todavía en septiembre en una entrevista en TVE. Dos meses después, el 8 de noviembre, su secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, confirmaba en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso lo dicho por el presidente: se actualizarán las pensiones conforme a la ley, esto es, conforme al IPC de noviembre.

Hoy, ni Soraya Sáenz de Santamaría ni Fátima Báñez han querido referirse a estas promesas de Rajoy y Burgos, aunque se han esforzado en subrayar que ha sido una decisión "muy difícil" de tomar y que responde únicamente al compromiso de cumplir con el objetivo del déficit público. Otro compromiso en el que aseguraron estar trabajando pero sin confirmar tajantemente que, a pesar de las duras medidas de austeridad, se vaya a cumplir, tal y como recogen las previsiones internacionales. Con todo, la número dos del Gobierno ha recordado que las pensiones son la única partida que sube en los Presupuestos para 2013 junto a los intereses que corresponden al pago de la deuda pública. También ha subrayado que el Ejecutivo de Rajoy no ha congelado las pensiones, como sí hizo el de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.

La actualización de las pensiones conforme al 2,9% de IPC habría supuesto al Estado un gasto de 3.800 millones al que, según la portavoz del Gobierno, no se puede hacer frente y que han declinado hacer. Por su parte, el Ejecutivo de Zapatero, con la congelación de las pensiones contributivas en 2011, se ahorró 1.400 millones de euros.

El Consejo de Ministros aprobó tambiénuna una modificación "temporal" (entre 2012 y 2014, ambos inclusive) de la ley que regula el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha de las pensiones. El Gobierno se ve obligado "por la gravedad de la crisis económica" a recurrir a 4.000 millones de este fondo para abonar las pagas ordinarias y extraordinarias de diciembre y que suponen un gasto total de 15.000 millones. El máximo que se podía extraer de la 'hucha' de las pensiones estaba establecido por ley en un 3% anual y con esta reforma normativa, queda anulado hasta 2015.

Es la segunda vez que el Gobierno recurre al Fondo de Reserva, pues el 27 de septiembre, el Consejo de Ministros autorizaba -por primera vez desde que existe la 'hucha'- extraer un montante de 3.063 millones. El real decreto ley de Medidas de Consolidación y Garantía del Sistema de Seguridad Social aprobado hoy por el Consejo de Ministros incluye asimismo un suplemento de crédito en el presupuesto de 2012 del Ministerio de Empleo por 4.925 millones de euros para garantizar el pago de las prestaciones por desempleo. Asimismo, en verano, el Gobierno utilizó 4.600 millones del Fondo de Prevención y Rehabilitación de las Mutuas para hacer frente a la paga extra de verano a la que tiene derecho los pensionistas.