El recién estrenado Gobierno del Partido Popular anunció que las proyecciones de déficit público para el cierre de 2011 serán muy superiores a las anunciadas por el anterior Ejecutivo socialista y anunció medidas excepcionales incluyendo un aumento de impuestos temporal para corregir el desfase y un recorte de 8.900 millones de euros en el gasto público.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría dijo que las proyecciones del déficit público para el año que termina son muy superiores a lo previsto y rondan el 8%. Esta cifra es dos puntos superior a la proyección del seis por ciento que el Gobierno socialista mantuvo hasta cerrar su legislatura y todavía muy superior a la proyección del 6,5 por ciento en media de analistas sondeados por Reuters.

"Nos encontramos con una cifra mucho más elevada que la que había comunicado el Gobierno anterior", explicó Sáenz de Santamaría. "Estamos ante una situación no prevista que requiere decisiones extraordinarias en circunstancias extraordinarias".

El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejó claro que la subida impositiva que se aplicará en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y sobre el impuesto de bienes inmuebles se hará solo durante dos años (2012 y 2013) con el exclusivo fin de reducir el déficit público y con carácter progresivo. Montoro cifró en más de 6.000 millones de euros el importe previsto en términos de recaudación con los nuevos impuestos.

Además, el Gobierno reconoció que como consecuencia de la desviación presupuestaria se va a ver obligado a aplicar un recorte de gasto más profundo de lo previsto por lo que ha firmado un acuerdo de no disponibilidad de 8.900 millones de euros en los Presupuestos de 2012 que elaborará en marzo.

Conforme a lo anunciado en el discurso de investidura por el Presidente Mariano Rajoy, el Ejecutivo aprobó una actualización de las pensiones públicas en un uno por ciento y mantuvo la congelación salarial de los empleados públicos que se aplica en la prórroga de los Presupuestos de 2011.

Los ministerios de Exteriores y Cooperación, Fomento, Industria y Economía sufrirán recortes superiores a los 1.000 millones de euros en cada caso.

Además de la decisión de no renovar los puestos de jubilados en la Administración Pública, salvo en un máximo del 10 por ciento en ámbitos como educación, sanidad o fuerzas y cuerpos de seguridad, el Gobierno dijo que va a reducir en un 20 por ciento los órganos directivos en la Administración, con la supresión de una treintena de direcciones generales.