Una de cal y otra de arena. Hoy el Congreso rechazaba evaluar el impacto de los recortes del Gobierno en I+D+i, pero el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado la creación de la Agencia Estatal de Investigación, prevista en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, ratificada el pasado verano por la mayoría de partidos políticos. Aunque por un lado los recortes del Ejecutivo de Mariano Rajoy ha cercenado la capacidad de financiación de cientos de proyectos centíficos ya en marcha en España, por otro lado se pone en marcha una herramienta que puede resultar clave para el sistema científico español, como ya ocurre en otros países de Europa.

La Agencia nace con el objetivo de crear instrumentos y mecanismos de financiación y gestión más eficientes que mejoren el impacto de la inversión de la Administración central en investigación. Tras esta definición se instrumenta una agencia que vigilará y auditará las asignaciones de los recursos financieros, 'conforme a criterios científico-técnicos de primer nivel', asegura el ministerio en una nota. 'Supondrá una mejora cuantitativa y cualitativa de los resultados de las actividades financiadas'.

La Agencia, que estará adscrita a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación -cuyo titular la presidirá-, se constituirá en 2012 de acuerdo con el régimen presupuestario y de rendición de cuentas del Ministerio de Economía y Competitividad, pero dispondrá de autonomía para la financiación, evaluación y verificación de la actividad de investigación científica y técnica destinada a la transferencia, generación y explotación del conocimiento.

La estructura de la nueva Agencia vigilará por la integración de los modelos de gestión estatales con los vigentes en el ámbito internacional, con el objetivo de 'reducir los costes' de la colaboración e integración en el Espacio Europeo de Investigación.

Según el Gobierno, la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Investigación da respuesta a una reivindicación histórica de la comunidad científica, que solicitaba la creación del organismo para dar estabilidad estructural al sistema de I+D+i español, fortaleciendo la inversión en ciencia.