Varios activistas de Greenpeace han conseguido acceder esta mañana hasta la parte más alta de la fachada del Congreso de los Diputados para protestar por la reforma de la Ley de Costas, que hoy pasa su último trámite parlamentario para ser aprobada definitivamente en el hemiciclo.

Durante la acción reivindicativa, en la que han desplegado una pancarta con el lema "El PP vende nuestra costa", ocho activistas han sido detenidos por la Policía, sin que todavía hayan sido puestos en libertad, según ha informado la organización ecologista.

Fuentes policiales han indicado que a los arrestados se les atribuye un delito contra las altas instituciones del Estado (penado con hasta cinco años de cárcel), informa Efe. Está previsto que sobre las 19:30 de la tarde comparezcan ante la Audiencia Nacional, según ha informado la propia organización.

Cinco de los miembros de la ONG intentaron acceder a la puerta principal del edificio para llegar hasta el perímetro interior de la Cámara Baja, pero los agentes los desalojaron rápidamente. Dos de ellos, no obstante, consiguieron escalar la fachada principal a través de los andamios que rodean el Congreso por las obras y llegar hasta su parte superior donde desplegaron una pequeña pancarta y uno de ellos se descolgó con una cuerda durante unos segundos.

La acción, de carácter pacifico, se ha llevado a cabo mientras en el interior se debatían las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas, que previsiblemente será aprobada hoy definitivamente en el Congreso con la mayoría del PP y la abstención de CiU.

"Hoy es un día negro para el medio ambiente. El Congreso va a aprobar no solo que el Ministerio de Medio Ambiente regale a unos pocos intereses privados la costa española, sino que actúe con imprudencia al no tener en cuenta, por ejemplo, la subida del nivel del mar. Es la culminación de las barbaridades de la burbuja inmobiliaria" ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace. 

La organización ha criticado reiteradamente las modificaciones previstas para la nueva ley, al considerar que "desprotege y privatiza" el litoral español y que "podría favorecer unos pocos intereses muy cercanos al PP".

Entre otras modificaciones, la reforma prevé sacar del dominio público 10.000 viviendas y 3.000 chiringuitos de playa actualmente en situación irregular en el litoral español y ampliar hasta 75 años las licencias que impiden su demolición, justificado para "mejorar la confianza de los inversores extranjeros" y "evitar la inseguridad jurídica", según ha argumentado el propio ministro del ramo, Miguel Arias Cañete.

Greenpeace ha anunciado que presentará una queja ante la Comisión Europea para que estime si con la reforma se han vulnerado varias directivas europeas sobre protección del medio ambiente.

Arias Cañete, por su parte, ha calificado la acción de la ONG como "ilegal". "Yo las leyes las defiendo en el Parlamento", ha respondido. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha admitido que se ha producido "un fallo de seguridad" y ha informado de que se están abriendo diligencias. 

"No me gusta nada, es un fallo de seguridad, pero quiero diferenciar estas protestas de las que ha habido en el pasado, que eran atacando directamente a diputados, con insultos y que al final terminaban en violencia", en referencia a los escraches y las iniciativas ciudadanas para "rodear el Congreso" que han tenido lugar en los últimos meses.