Justicia sólo ha recuperado 12 millones en bienes incautados a corruptos desde 2017

El Consejo de Ministros ha aprobado la semana pasada el anteproyecto de la futura ley orgánica de integridad pública, una norma que busca acabar con la corrupción en partidos políticos, empresas y procesos de licitación. El Gobierno ha detallado las primeras medidas y ha confirmado que creará juzgados específicos para instruir los casos de este tipo, además de una agencia para vigilar el registro de lobbies. Estas no son las únicas novedades. Moncloa también contempla una serie de reformas orientadas a la localización, liquidación y gestión de los bienes y activos procedentes de las corruptelas. La idea es que los detenidos tengan que devolver lo robado para conseguir el tercer grado y disfrutar de beneficios penitenciarios. Ese dinero, cuando procede de vehículos, inmuebles, embarcaciones, antigüedades o criptomonedas, lo ingresa un actor casi desconocido para buena parte de la ciudadanía, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia. ¿Qué papel juega en el escenario actual? ¿Cuándo se creó este organismo? ¿Y cuánto dinero ha conseguido recuperar desde entonces?   

La ORGA echó a andar hace ahora diez años. El organismo lo diseñó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para corregir las "ineficiencias" del sistema anterior. No fue una realidad, eso sí, hasta el segundo mandato de Mariano Rajoy. Y todo ello gracias a la trasposición de una directiva europea que pedía crear oficinas a escala nacional para garantizar la correcta administración de los bienes embargados por delitos de narcotráfico, corrupción, estafa o terrorismo. Estos activos quedaban hasta entonces en manos de los órganos judiciales y eran ellos los que decidían dónde guardarlos y cómo venderlos cuando había una resolución firme.

El ente nació con el cometido de reforzar la lucha contra la delincuencia organizada, identificando y administrando los "bienes, instrumentos y ganancias" incautados procedentes de delitos cometidos “dentro o fuera del territorio nacional”, prestando especial atención a "los delitos de corrupción, tanto en el sector público como en el privado". La norma que regula su funcionamiento recalca además la importancia de centrar los esfuerzos "no solo" en castigar a los responsables del cohecho, la prevaricación y la malversación, sino también en "recuperar" los activos procedentes de esos ilícitos e indemnizar a las víctimas, realizar "proyectos sociales" y fomentar "la lucha contra la criminalidad organizada".

La oficina alcanzó los 148,6 millones en 2025

La ORGA cerró 2025 con un saldo positivo de 148,6 millones de euros, según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia a preguntas de Público. En 2024, la oficina tenía en sus cuentas 118,7 millones. Y un año antes, superaba ligeramente los cien (102,8). El primer ejercicio del que existen estadísticas oficiales es 2016, cuando el organismo consiguió recuperar poco más de doce millones. La ORGA está obligada a elaborar una "memoria anual de su actividad" y ponerla a disposición del equipo de Félix Bolaños, que debe remitirla paralelamente al Consejo de Ministros. Esto es, al menos, lo que dice el reglamento. La última memoria disponible en la página web del Ministerio es la de 2022. Público ha preguntado las razones por las que todavía no están disponibles en el portal las estadísticas de 2023, 2024 y 2025, pero Justicia no ha respondido.

Lo que sí ha podido saber este diario es que el organismo ingresó desde su creación 187,7 millones de euros. El año pasado recaudó concretamente 38,4 millones mediante la gestión de los diferentes activos incautados, siendo este el valor más elevado de la serie histórica (2016-2025), pero solo el 4,79% (1,8) proceden de causas que tienen que ver con corruptelas. El segundo dato que más destaca es el de 2022, con 34,1 millones. El Ministerio de Justicia ha explicado a este medio que al dato que resulta de los ingresos -principalmente por delitos relacionados con el narcotráfico y el robo organizado- tenemos que restarle las inversiones que realiza la ORGA. El resultado es lo que configuraría ese saldo.

La explicación detrás de los números es más sencilla de lo que parece. Tradicionalmente y por norma general, los bienes intervenidos no se gestionaban -venta, subasta- hasta que el procedimiento judicial se daba por concluido. Esto generaba una serie de inconvenientes, como "elevados gastos de depósito, depreciación o deterioro" de los activos, precisan desde el Ministerio de Justicia. Y explica en parte que los valores de los primeros ejercicios no sean tan halagüeños.

Lo que se decidió entonces fue pensar en una "gestión eficiente" desde el primer momento para "optimizar su valor y conservar el importe obtenido" con una localización anticipada, toda vez que los plazos en los tribunales pueden extenderse durante meses o años. Esta es una premisa que también defiende el anteproyecto de la futura ley orgánica de integridad pública, según fuentes del Ejecutivo. ¿Cuáles son las consecuencias? El importe de lo recaudado se aproxima mucho más al de lo robado y/o adquirido con el dinero procedente de los ilícitos.

Por otro lado, las cuantías que surgen de la gestión de los bienes intervenidos se mantienen "íntegramente" en manos de la ORGA hasta que "finaliza el correspondiente procedimiento judicial y se acuerda su destino", independientemente del momento en el que se reciban. ¿Y luego a dónde van a parar? El dinero resultante de los delitos que no tienen que ver con el narcotráfico se destina -parcialmente- a la financiación de la lucha contra la criminalidad organizada y la asistencia a víctimas de delitos -mediante la Comisión de Adjudicación de Bienes Producto del Delito-. Y los bienes decomisados por ilícitos de narcotráfico y sus ganancias sirven para nutrir un fondo específico que gestiona la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del Ministerio de Sanidad.

Los bienes por delitos de corrupción, residuales

El análisis del número y la tipología de los expedientes que motivan la gestión de activos también tiene su interés. La ORGA ha localizado y administrado bienes a raíz de 4.089 causas entre 2016 y 2025. La corrupción ocupa un lugar minoritario en cada una de las memorias anuales, limitándose a un total de 29 expedientes, una tercera parte, iniciados entre 2020 y 2021. El año pasado solo tres de las más de seiscientas causas que requirieron la intervención de la oficina tuvieron algo que ver con delitos de cohecho, malversación, prevaricación o corrupción en los negocios, según ha podido confirmar Público a través del Ministerio de Justicia.

El porcentaje de la recaudación procedente de corruptelas tampoco es significativo. La ORGA ha ingresado 12,7 millones a raíz de expedientes relacionados con este tipo de causas entre 2017 y 2025, lo que supone un 6,8% del total de sus matriculaciones. El año pasado, la oficina recuperó poco menos de dos millones (1,8). Y esto posiblemente no cambie mucho con el fortalecimiento de la entidad que tiene previsto el futuro reglamento contra la corrupción. Justicia insiste en que esta oficina gestiona fundamentalmente activos y bienes físicos, no monetarios, por eso los delitos de cohecho, malversación o prevaricación ocupan un lugar casi residual en la fotografía.

Los coches de Aldama, barcos y obras de arte

La Audiencia Nacional acordó este verano subastar los coches y motos que le habían sido previamente embargados al comisionista Víctor de Aldama, todo mediante la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos. La noticia causó revuelo y generó muchas incógnitas. El organismo se encargó de poner en el mercado estos vehículos porque el empresario los había adquirido con el dinero que presuntamente ganaba de las mordidas. Esto es a lo que se refieren las fuentes ministeriales cuando hablan de que la tarea de la ORGA es administrar "fundamentalmente" bienes y activos no monetarios, tanto en los casos de corrupción como en los supuestos de narcotráfico o robo organizado. ¿Qué tipo de bienes suele incautar la oficina?

Las piezas de joyería o relojería se llevan aquí la palma. De hecho, los órganos judiciales encomendaron al ente la gestión de 16.656 elementos de este tipo entre 2016 y 2025. Los vehículos -coches, motos- ocupan la segunda posición (4.830) y las antigüedades y obras de arte completan el pódium (4.112). La ORGA ha liderado además la gestión -venta, subasta- de casi dos mil inmuebles (1.960) desde su creación y se deshizo también de medio millar de embarcaciones, así como de 56 armas y una aeronave. El Ministerio de Justicia no aclara tampoco cuáles de estos activos proceden de delitos relacionados con la corrupción, como es el caso de los coches de Aldama. La ORGA seguirá recaudando el dinero correspondiente a lo robado y gestionando la venta de los bienes incautados por delitos económicos y de narcotráfico tras la entrada en vigor de la futura norma, todo ello en cooperación con las instituciones europeas e internacionales.