El cardenal Carlos Amigo Vallejo mostró el miércoles pasado otra vez su malestar con el pionero proyecto de Ley andaluza de Muerte Digna, que dará garantías a los pacientes de que su voluntad será respetada, aun a riesgo de poner en peligro su vida, y otorgará seguridad jurídica a los médicos a la hora de aplicar sedaciones que palien el dolor.

Las prevenciones de la jerarquía eclesiástica con la norma entran en contradicción en algunos puntos con dos documentos, el testamento vital que aconseja firmar la Conferencia Episcopal y el catecismo.

Ambos textos avalan los cuidados paliativos, que se describen como "una forma privilegiada de la caridad desinteresada", y el rechazo e, incluso, la interrupción de tratamientos médicos "desproporcionados" a los resultados si así lo decide el paciente. La ley andaluza, ahora en tramitación en el Parlamento, recoge estas cuestiones como derechos de los enfermos.

Dice el catecismo católico que con la interrupción de tratamientos se rechaza el encarnizamiento terapéutico y "no se pretende provocar la muerte; se acepta no poder impedirla". La ley, en su artículo 21, establece que el médico, que debe consultar y recibir el visto bueno de un colega y otro profesional sanitario, "limitará el esfuerzo terapéutico, cuando la situación clínica lo aconseje".

Sin embargo, el caso de Inmaculada Echevarría y el más reciente de la italiana Eluana revelaron en la práctica los límites de las buenas palabras de los textos de la Iglesia. En el primer caso, Echevarría, aquejada de una grave enfermedad degenerativa, solicitó ser desconectada del aparato que la mantenía con vida. Ingresada en un hospital religioso, tuvo que ser trasladada a un centro público, donde se pudo dar cumplimiento a sus deseos.

En el segundo, el padre de Eluana, que estaba en coma desde 1992, solicitó que se interrumpiera la alimentación forzosa de su hija. La justicia italiana avaló a la familia. En ambos casos, la Iglesia se opuso con todas sus fuerzas. La ley incluye estas situaciones en el artículo 8: "El paciente tiene derecho a revocar el consentimiento respecto de una intervención concreta, lo que implicará necesariamente su revocación, aunque ello pueda poner en peligro su vida".

La coincidencia es total en el tema de los cuidados paliativos, perseguidos en Leganés por la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP. Dice el catecismo: "El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana si la muerte no es pretendida. Los cuidados paliativos [...] deben ser alentados". La ley andaluza recoge en el artículo 13: "El paciente tiene derecho a recibir la atención que alivie el dolor".