El Gobierno del Partido Popular mantendrá la política penitenciaria con los presos de ETA que puso en marcha el Ejecutivo socialista tras la ruptura del proceso de paz de 2007. Su estandarte, la denominada vía Nanclares, ha recibido en los últimos días el aval del nuevo secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, para que se siga desarrollando en los mismos términos que hasta ahora, informaron a Público fuentes penitenciarias. Este martes, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, compareció ante la comisión de Interior del Congreso y desde allí recordó a los reclusos que una ley con "numerosísimos" beneficios les espera cuando ETA desaparezca y ellos pidan perdón a sus víctimas.

De esos beneficios disfrutan ya la treintena de reclusos acogidos a la citada vía, que han renegado de la banda antes de que esta decida disolverse. A raíz de la bomba de la T-4, el Gobierno comenzó a detectar una desafección creciente del colectivo de presos hacia la dirección de ETA. Se sentían ninguneados por no haber sido consultados sobre la ruptura de un proceso en el que habían depositado todas sus esperanzas de recuperar la libertad. Arrancó entonces una estrategia de acercamientos al País Vasco para los que renegaban de la violencia y de alejamiento para los que insistían en la estrategia "político-militar". Una minoría acercada a Euskadi fue más allá, pidió perdón por escrito a las víctimas una decena lo han hecho a la cara en reuniones privadas, y se comprometieron a satisfacer la responsabilidad civil, como marca la ley. Fueron trasladados a Nanclares de Oca (Álava) y, siempre con autorización judicial, gozan de permisos y algunos salen a diario para trabajar. Entre ellos hay condenados por varios asesinatos.

Se trata de la aplicación del Código Penal y del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite aplicar de forma restrictiva beneficios del tercer grado, como las salidas de prisión, a internos que aún no han cumplido las tres cuartas partes de condena. Mientras estuvieron en la oposición, los conservadores dieron en privado el visto bueno. Ahora, en el Gobierno, han accedido a que el trabajo con los presos que han pedido perdón siga adelante. El reto en los próximos meses es romper el aislamiento que ETA ha logrado imponer alrededor del "pequeño grupo" de Nanclares, como lo define la banda. El 95% de los reclusos, dijo este martes Fernández Díaz, sigue a día de hoy las directrices del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, en sus siglas en euskera), la portavocía de ETA para las cárceles.

El control que ejerce la banda

Instituciones Penitenciarias dispone de un dato reciente. En el último boletín interno del EPPK, correspondiente a octubre, la banda imponía un calendario de movilizaciones (ayunos, encierros en la celda...) que ha suscitado un seguimiento masivo. Las fuentes consultadas aseguran que el mensaje de que la amnistía es posible lanzado por ETA y que suscribe con matices la izquierda abertzale ha calado en el colectivo, por lo que no se han producido nuevas adscripciones a procesos individuales que exige la vía Nanclares. En el Ekia, el boletín del EPPK repartido en las cárceles, se pedía a la izquierda abertzale que aislara "políticamente" a los que se acogen a ella. Esos presos se atrevieron a romper con la banda y a sufrir el ostracismo en el mundo abertzale radical. La mayoría, por tanto, prefiere esperar a una salida colectiva que el anterior Gobierno y éste han rechazado taxativamente. En este sentido, Fernández Díaz habló de "manipulación" de ETA hacia los presos y sus familias y añadió qu,e sin la banda, los internos "serían más libres para acogerse a los numerosísimos beneficios de la Ley penitenciaria".

Cualquier movimiento en este ámbito ha sido rechazado de plano por las asociaciones mayoritarias de víctimas. Este martes, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, recibió a la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, y le garantizó que las víctimas serán informadas de "cualquier modificación" en la situación penitenciaria de sus victimarios o de las "medidas de gracia" que se adopten. Las víctimas podrán opinar, pero su posicionamiento no será vinculante, según fuentes de Justicia.

Fernández Díaz tendió la mano a todos los grupos presentes en la comisión de Interior, "menos a uno", en referencia a Amaiur, para "recorrer juntos el camino que hay entre el anuncio de ETA de dejar de actuar y el de dejar de existir, con la única hoja de ruta del cumplimiento de la ley". Durante la presentación de las líneas maestras de su departamento, el terrorismo salió, por primera vez en años, de la contienda. El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, se limitó a ofrecer y esperar "lealtad y confianza mutua".

La "vergüenza" de Batasuna

Los reclusos de ETA centraron las palabras más duras del ministro con el portavoz de Amaiur, Iker Urbina, representante de la izquierda abertzale tradicional en la coalición, que había hablado de "presos políticos". Fernández Díaz participó la víspera en un homenaje en Sevilla al matrimonio Jiménez Becerril, asesinado a tiros por ETA en 1998 delante de sus hijos de 3, 4 y 7 años. "Si hubiera estado usted allí se le caería la cara de vergüenza", espetó el ministro a Urbina, al que reprochó no ser capaz de condenar ninguno de los asesinatos cometidos por la banda terrorista.

"Quienes han estado jaleando la violencia no pueden pasar a ser demócratas de la noche a la mañana por una expresión de buenas intenciones", dijo Fernández Díaz. El ministro no aludió, en cualquier caso, a una posible ilegalización de la coalición, que también integran EA y Alternatiba, como solicitó la portavoz de UPyD, Rosa Díez, que pidió imitar la legislación alemana para las organizaciones de inspiración nazi.