Israel teme que Europa procese a sus militares

El Gobierno del primer ministro Binyamín Netan-yahu se halla virtualmente en estado de pánico ante la posibilidad de que algunos de sus miembros y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, en reserva o en actividad, sean arrestados y sometidos a juicio por crímenes de guerra en algún país de Europa.

Se espera que el Consejo de Ministros apruebe hoy una investigación de la sangrienta operación Plomo Fundido de hace diez meses en la franja palestina de Gaza por exigencia de un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Israel lo había repudiado por "parcial y perverso" la semana anterior.

De ser aprobada la investigación oficial de lo ocurrido durante la ofensiva, en la que perdieron la vida 1.400 palestinos, gran parte de ellos civiles, Israel podría evitar que los supuestos "crímenes de guerra" perpetrados por su Ejército sean objeto de debate, y quizá de sanciones, en el Consejo de Seguridad de la ONU.

A raíz de esa investigación, con la que se negó a cooperar Israel, y que presidió el juez surafricano Richard Goldstone, de origen judío y "ardiente sionista", según el diario israelí Haaretz, cualquier oficial que pise Europa corre el riesgo de ser arrestado y sometido a juicio por "crímenes contra la humanidad".

El informe también exige una investigación de los ataques de los milicianos de Hamás y otros grupos palestinos contra los cuales embistió el Tsahal tras ocho años de intermitentes ataques con cohetes Kasam y morteros contra civiles del sur de Israel. De momento, los dirigentes de Hamás no han reaccionado.

Israel planea abrir un proceso judicial para evitar uno internacional

La alarma sonó en Israel el pasado martes. Un tribunal de Londres atendió la denuncia de dos organizaciones palestinas de derechos humanos contra el ministro israelí de Defensa, Ehud Barak. El general en la reserva se hallaba de visita en Inglaterra y fue reclamado como sospechoso de crímenes de guerra durante la ofensiva contra Gaza.

"Este teatro del absurdo debe terminar", declaró Barak, que se salvó gracias a las presiones de Israel y del Foreign Office británico de ser puesto entre rejas y quedar a disposición de la Justicia inglesa. El tribunal aplazó primero el debate de la demanda, y finalmente rechazó la petición de los abogados palestinos.

El argumento judicial fue que Barak gozaba de inmunidad, pues se encontraba cumpliendo una misión oficial. Pero este privilegio no ampararía a los militares que hayan intervenido en esa ofensiva y que pisen suelo europeo. Correrán el riesgo de ser enjuiciados por crímenes de guerra.

El comandante de la inteligencia militar, general Amos Yadlin, cree que el Ejército debería adoptar también un "código de ética para la guerra contra el terrorismo".

Ehud Barak estuvo a punto de acabar preso en Londres

Fuentes palestinas afirman que los soldados israelíes bajo orden estricta de impedir a todo coste un posible secuestro por parte de milicianos palestinos dispararon a mansalva contra civiles inocentes. Israel lo desmiente.

El profesor Uriel Reichman, presidente del Centro Interdisciplinario de Herzlía, recomendó a Netanyahu establecer "una comisión investigadora presidida por un juez de la Corte Suprema", antes de verse obligado por el Consejo de Seguridad, el órgano ejecutivo de la ONU.

El ministro de Infraestructuras, Benjamín Ben Eliezer, otro general en la reserva y miembro del Partido Laborista, declaró que "no hay mejor investigación que la del propio Ejército, se trate de operaciones exitosas o fracasadas".

El Gobierno anunciará, según los medios locales, una suerte de "investigación de la investigación" de Goldstone, a quien algunos ministros de la derecha nacionalista quisieran declarar "persona non grata" y prohibirle visitar Israel.

El Gobierno anunciará una suerte de "investigación de la investigación"

Goldstone rechazó esta semana, en la sede suiza de la ONU, los argumentos de Israel, entre ellos el de que "confunde a las víctimas [de los ataques palestinos] con los asesinos, los terroristas de Gaza", donde se calcula que fueron destruidas unas 3.000 viviendas.

Asimismo, funcionarios del Poder Ejecutivo, de Exteriores y del Poder Judicial tienen como nueva misión contrarrestar "la campaña contra Israel" y asumir la defensa de israelíes que sean detenidos y sometidos a juicio por demandas de organizaciones palestinas de derechos humanos o de Amnistía Internacional.

Entre los abogados extranjeros que el Gobierno se propone contratar está Anthony Julius, que trabajó para la princesa Diana durante su divorcio.

Según el ministro de Bienestar Social, Isaac Herzog, "las cosas han cambiado [para Israel en el mundo] y la situación debe ser encarada con la máxima seriedad", incluso con un organismo ad hoc adscrito al presupuesto nacional, para afrontarla.