El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado, por quince votos a seis, el informe que critica con dureza el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y que advierte de los problemas de orden constitucional que cree que podría acarrear, entre ellos conflictos competenciales.

Cabe decir que el dictamen hecho público por el CGPJ –cuyo mandato lleva caducado desde hace tres años– es preceptivo, pero no vinculante, por lo que la intención del Gobierno es validar el texto en segunda vuelta en un próximo Consejo de Ministros y enviarlo en febrero al Congreso para su tramitación parlamentaria.

Se trata de un informe que ronda las 60 páginas, y en el cual el anteproyecto recibe calificativos poco amables como "sobrecargado", "contradictorio", "farragoso", "incongruente", "nocivo", "innecesario" e "inoportuno". Además, subraya que sus directrices están "imbuidas de un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias".

En esa línea, recalca que la vivienda es una competencia de titularidad autonómica y considera que el legislador estatal perpetra con esta ley una "expropiación" regulatoria.

Aunque el informe supone un varapalo para una de las leyes estrella del ejecutivo de coalición, éste pretende seguir adelante con la tramitación e la norma, después de leerlo "con respeto y atención".

La dureza del informe era esperada. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, mostraba su preocupación este miércoles ante un "previsiblemente duro" informe del Consejo General del Poder Judicial que pudiera hacer que el PSOE reculara en los aspectos más ambiciosos de la Ley de Vivienda.