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El juez podría procesar a nuevos imputados en el caso, que cumple hoy dos años

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El juez del "Caso Malaya", Óscar Pérez, podría procesar a nuevos imputados en la causa contra la corrupción municipal e inmobiliaria, que cumple hoy dos años desde que se destapara con las primeras detenciones.

El magistrado, que fijó ayer una fianza de un millón de euros para la puesta en libertad del ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, explica en dicha resolución que la instrucción está pendiente de terminar las comparecencias indagatorias y de decidir sobre el procesamiento o no de nuevos imputados que han prestado declaración.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) apunta que también están por resolver los recursos presentados contra procesamientos en el caso y conocer el resultado de las comisiones rogatorias libradas a las autoridades de Andorra, Gibraltar, Isla de Man y Confederación Suiza.

Además, está pendiente un informe económico de la Unidad de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, por lo que, según apunta el juez, la instrucción del caso "se alargará aún meses".

El juicio por este procedimiento se celebrará aproximadamente dentro de un año en la Ciudad de la Justicia de Málaga, según ha informado la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

La causa, que puso en tela de juicio el urbanismo en toda España, cumple hoy su segundo aniversario desde que se destapó el 29 de marzo de 2006 con las primeras detenciones, entre las que se encontraron la de Roca o la de la entonces alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe.

El juez imputa al ex asesor urbanístico los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales y contra la flora y fauna, entre otros.

Más de mil cuentas bloqueadas y la intervención de unos bienes cifrados inicialmente en 2.400 millones de euros, entre los que figuran obras de arte, fincas, ganaderías e, incluso, una tigresa de Bengala, resumen a grandes rasgos la magnitud del "Caso Malaya", en la que han sido procesados 86 personas.

La detención de la mayor parte del Ejecutivo local por su presunta implicación en la trama originó que el Gobierno central acordara en abril de 2006 la disolución de la Corporación municipal y la constitución de una gestora para regir el Ayuntamiento, una decisión sin precedentes históricos en la democracia española.

Las actuaciones policiales enmarcadas en este procedimiento en lo referente a arrestos, registros e intervenciones de bienes no se han limitado a Marbella y su entorno geográfico, sino que se han repartido entre Madrid, Murcia y otras provincias andaluzas como Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba.

El "Caso Malaya" ha dado lugar además a una decena de procedimientos judiciales, la mayoría de ellos investigaciones todavía abiertas, entre los que se encuentran el que se sigue contra el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz por presunto blanqueo de capitales y en el que también están implicadas su ex mujer Mayte Zaldívar y la tonadillera Isabel Pantoja.

La causa ha sido también origen de la suspensión cautelar por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del juez de Marbella Francisco Javier de Urquía al ser investigado por el "Caso Malaya" por supuestos delitos de prevaricación y cohecho.