La Junta de Andalucía podrá obligar a las familias a vacunarse

La Consejería andaluza de Salud ha decidido combatir la moda de no vacunar a los niños y ha decidido fijar por ley que sea posible "para preservar la salud colectiva, obligar a una persona o grupo de personas a determinadas medidas preventivas, diagnósticas o terapéuticas". La Ley de Salud Pública de Andalucía, que ayer aprobó el Consejo de Gobierno, contempla además garantías para la libertad de cada uno, de manera que Salud sólo podrá forzar la vacunación de una persona cuando sea procedente. "Ninguna persona podrá ser obligada  a medidas preventivas, diagnósticas o terapéuticas si no es estrictamente necesario para preservar la salud colectiva", dice el artículo 22.1 del proyecto de ley, que será aprobado esta legislatura, después de que la consejera, María Jesús Montero, pidiera que se tramitase en el Parlamento por el procedimiento de urgencia.

La Consejería de Salud tuvo que enfrentarse el año pasado a 58 familias de Granada, que se negaban a vacunar a sus niños contra el sarampión. Un brote que surgió en un colegio afectó a 46 personas, 14 de las cuales precisaron atención hospitalaria, y la Junta, ante la falta de legislación, se vio obligada a recurrir a la justicia. Finalmente, un juzgado de Granada les dio la razón y obligó a las familias a vacunar a sus hijos. "Como hay enfermedades eliminadas en España, la gente les ha perdido el respeto", afirman fuentes de la Consejería de Salud, preocupadas por estas prácticas cada vez más extendidas. Entre los médicos también es un asunto que genera inquietud. Un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association abunda en las tesis de la Consejería. “Aunque es muy probable que unos cuantos individuos no vacunados estén protegidos por la inmunidad del rebaño, un número creciente de individuos no vacunados supondría finalmente un riesgo para sí mismos y para la sociedad”, concluye el informe del Journal. Estas son las razones de fondo que justifican esta medida.

La ley establece además, también, como otra garantía para los ciudadanos, que cuando sea necesario obligar a alguien a vacunarse, esto se hará de la mejor forma posible. "Las actuaciones de salud pública se aplicarán haciendo uso de las alternativas menos restrictivas en el ejercicio de la autoridad, especialmente respecto a los poderes coactivos. Las funciones y servicios esenciales de la salud pública se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, con los procedimientos y prácticas menos invasivas para los derechos e intereses de las personas físicas y jurídicas", dice el artículo 22.3.

En resumen, lo que la Ley de Salud Pública andaluz fijará es que una familia puede seguir sin ponerse las vacunas, siempre y cuando su decisión no afecte a los demás. Ahora bien, si su negativa genera riesgos en el resto de la población, Salud podrá obligar a esa familia a vacunar a sus hijos. “Es una ley muy consensuada y creemos que nadie se va a oponer a su aprobación”, dijo ayer la consejera Montero en rueda de prensa.

La ley también establece como novedad que las iniciativas, proyectos, obras y actividades públicas y privadas requerirán para su aprobación de un informe de impacto en la salud colectiva. Es decir, que si una fábrica quiere instalarse en Andalucía, la Consejería controlará que lo haga sin afectar a la salud de las personas que habiten en su cercanía. La consejera Montero matizó que este informe, vinculante y preceptivo, no alargará los plazos de la tramitación de los proyectos empresariales.

En materia urbanística y de vivienda, se recogen también derechos relacionados con la inclusión de zonas verdes en los planeamientos de los municipios y de la propia Junta de Andalucía, la prohibición del uso de materiales de construcción que supongan riesgos para la salud y la garantía de un perímetro de seguridad en la puesta en marcha de actividades o zonas industriales. El proyecto de ley prevé también la posibilidad de establecer incentivos para las empresas que realicen planes de autocontrol o auditorías relacionadas con este campo.

Montero resaltó que el texto establece, por primera vez en el contexto nacional, el principio de equidad generacional, lo que significa la obligación colectiva de asegurar en el futuro las condiciones que hacen posible la salud pública. Para ello, un apartado recoge las obligaciones de los ciudadanos, entre las que están la puesta en práctica de medidas de protección, promoción y prevención; el uso adecuado de la información recibida; no causar peligros para la salud, y poner en conocimiento de la autoridad sanitaria cualquier situación que pueda constituir una emergencia pública.