La justicia investiga al jefe del 'sin papeles' mutilado

El accidente laboral que costó la amputación de un brazo a un inmigrante boliviano mientras trabajaba sin contrato en una panificadora de Real de Gandía (Valencia) está ya siendo investigado por los tribunales. El caso fue asumido ayer por el juzgado número 6 de Gandía, después de varios días de investigación por parte de la Guardia Civil, a raíz de la denuncia de los médicos que atendieron al trabajador, Franns Rilles Melgar, después de sufrir el accidente. También comenzaron ayer las diligencias de oficio, cuyo resultado será comunicado hoy al juez instructor de la causa.

La fábrica en la que trabajaba la víctima, cuya plantilla al completo estaba formada por sin papeles, según declaró el propio Melgar, está ya clausurada por orden de la Inspección de Trabajo. El cierre se debe a que las condiciones laborales eran "deficientes", lo que pudo ser "una de las causas" del siniestro, según el conseller valenciano de Economía, Gerardo Camps. Según CCOO, todo apunta a que los sistemas de prevención de accidentes de las máquinas habían sido desactivados por los empresarios para que la producción no se parara en ningún momento.

Posible castigo penal

Los dueños de la empresa, Horno Rovira Safor, se encuentran en estos momentos en libertad. Reconocieron que el trabajador no tenía contrato, pero negaron haberlo abandonado. Ahora se enfrentan a graves sanciones si se demuestra la veracidad del relato de Melgar.

CCOO apunta que las medidas de seguridad podían estar desactivadas

Por la vía administrativa, tendrán que pagar una multa de entre 6.000 y 60.000 euros por cada empleado en situación irregular. Pero su actuación podría acarrearles también consecuencias penales por la comisión del presunto delito de omisión del deber de socorro, que el Código Penal castiga con penas que van desde los tres meses de multa hasta los cuatro años de prisión.

Por su parte, el trabajador boliviano permanece ingresado en el Hospital Virgen del Consuelo de Valencia, todavía sedado y aturdido tras pasar varios días en la UCI. A pesar de que trabajaba desde hace dos años en la panificadora, no tiene permiso de trabajo ni residencia.

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, dijo ayer que el Gobierno estudiará la posibilidad de regularizar la situación de Melgar. "La ley contempla situaciones como ésta, situaciones donde se puede estudiar la posibilidad de conceder la documentación en función de razones humanitarias", indicó.

Los empresarios se enfrentan a sanciones penales y administrativas 

Por su parte, el sindicato CCOO, que está asesorando a la familia del herido de manera gratuita, anunció ayer que solicitará un permiso de trabajo y residencia por la vía de razones humanitarias, pero también por la de arraigo laboral. Esta modalidad exige que el trabajador inmigrante se encuentre en España desde hace más de dos años, esté empleado desde hace más de 12 meses y no tenga antecedentes penales. Melgar cumple las tres condiciones.

Mientras, las muestras públicas de solidaridad hacia el herido se multiplican. Desde la Asociación de Inmigrantes Hispanoecuatoriana Rumiñahui, su portavoz, Raúl Jiménez, consideró en declaraciones a Servimedia que Franns debe recibir "una compensación" por la situación "humillante" y "deleznable" a la que se ha visto sometido. Por su parte, la Conselleria de Inmigración puso a su disposición una mediadora intercultural, encargada de orientarle para regularizar su situación en España.

Tras sufrir el accidente, Melgar llegó al hospital por su propio pie, después de que sus jefes le abandonaran en una esquina del centro sanitario, con la orden de que no explicara a los médicos que formaba parte de la plantilla de la panificadora. Los empresarios volvieron a la fábrica, tiraron el brazo a la basura y siguieron trabajando. El miembro fue recuperado horas después por la Guardia Civil y, debido a su estado de conservación, los cirujanos no pudieron reimplantarlo.