El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 26 de Madrid ha estimado en parte la demanda presentada por las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos, que denunciaron a la Delegación del Gobierno en Madrid por vulnerar los derechos fundamentales de sus miembros. En concreto, ha declarado nula la sanción impuesta por la Delegación a un activista presente en una redada policial por haber infringido el principio de presunción de inocencia.

Las brigadas antirracistas velan por los ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular que son víctimas de identificaciones determinadas por su apariencia, "siguiendo criterios discriminatorios, racistas, clasistas y xenófobos", según el colectivo.

Su labor de visibilización y documentación de este tipo de redadas, cuya existencia es negada por las autoridades, motivó que ocho miembros fuesen sancionados administrativamente con 3.450 euros. Además, cuatro fueron denunciados por lo penal, aunque la jueza estimó en su día que observar la actuación policial durante un control no constituía delito alguno.

Las Brigadas explicarán el jueves en rueda de prensa los pormenores de la sentencia, que será recurrida porque "no fundamenta ni motiva suficientemente que se desestime la vulneración de los derechos de libertad de asociación, expresión y utilización de medios de prueba", según ha informado el colectivo en un comunicado.