El 1 de diciembre, diez días después de que el PP presentara en Sevilla sus bases para el pacto contra la corrupción, el concejal malagueño Manuel Marmolejo dimitió del cargo. Marmolejo, un segundón en el equipo municipal que dirige el conservador Francisco de la Torre, había adjudicado 11 contratos a dedo a la empresa de su cuñado.

Hoy, transcurrida una semana desde que el partido de Rajoy lanzara, con el código de buenas prácticas, su segundo documento regeneracionista en un mes, Marmolejo ya no es edil pero se mantiene como vicesecretario general del PP en Málaga. Ni siquiera ha recibido una regañina. El edil dimisionario constituye "una de las piezas fundamentales" del partido, en palabras de su presidente provincial.

Las andanzas del concejal malacitano, poco relevantes si se las compara, por ejemplo, con las de los involucrados en la operación Gürtel, ilustran la verdadera situación: acuciado por los escándalos, el PP ha optado por dotarse de un cuerpo doctrinal extenso pero gaseoso, abundante en declaraciones de buena voluntad y escaso en medidas coercitivas. Más escaso que el código ético de la etapa de Aznar, que preveía comisiones de investigación automáticas si algún cargo resultaba imputado.

El código adolece de falta de medidas prácticas para cortar de raíz la hierba de la corrupción. Y la de las corruptelas, ese tipo de conducta que no merece reproche penal pero sí político y ético. O la de los pactos trapaceros con tránsfugas y corruptos, como los concejales que el lunes dieron al PP la alcaldía de Arrecife (Lanzarote) mientras la vicesecretaria de organización nacional, Ana Mato, enunciaba en Madrid las líneas maestras del nuevo código ético. Mato, por cierto, no ha explicado aún cómo es posible que ignorase que su marido ahora ex, Jesús Sepúlveda, conducía un Jaguar regalado por Francisco Correa.

Hoy, los mecanismos internos de castigo de aquellos militantes del PP que presuntamente se corrompen o manchan la imagen del partido son los mismos que hace un año.

Más laxos que en 1993

Y esos mecanismos, los de los estatutos aprobados en el congreso que en junio de 2008 revalidó el liderazgo de Rajoy, no avanzan respecto a los que ya existían en el código de 1993... o sólo avanzan en laxitud. La clave radica en el artículo 16.6 de los estatutos aprobados en el último cónclave estatal del PP, que introduce el requisito de "condena firme": "Será causa de suspensión automática de funciones y de militancia la condena en firme en un procedimiento legal por la comisión de cualquier delito doloso".

Aplicando ese artículo de los estatutos, es decir, de la norma que legalmente predomina sobre cualquier código de conducta, el Marmolejo malagueño, por volver al principio, puede dormir tranquilo: su caso ni ha llegado a los tribunales, así que difícilmente alguien lo echará. Tampoco tendrá que permanecer seis años, como el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en estado de imputación congelada y sin que, hasta ahora, ningún juez le haya tomado declaración por el presunto delito de fraude fiscal que Hacienda le atribuye. Y sin que el partido vea oportuno suspenderlo de militancia.

Aunque su efectividad real fuese muy limitada, el anterior código ético del PP obligaba a los militantes a "comunicar a la dirección del partido y a poner a su disposición el puesto público que desempeñaran" si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional "pudieran derivarse indicios racionales de comisión de delito".

Tiempo de espera

La antigua norma ética forzaba al partido a pronunciarse sobre la puesta a disposición del cargo. Ahora, los estatutos vigentes blindan no sólo a los imputados sino a los condenados en primera instancia. Y les conceden un ancho margen temporal, dado que la emisión de una sentencia firme puede tardar años.

El compromiso de los militantes de comunicar a la dirección del partido la apertura de una causa judicial que les afecte aparece de nuevo en el recién horneado código ético interno. Pero donde las normas de conducta aznaristas precisaban que la puesta a disposición del cargo público se haría siempre que surgieran "indicios racionales de delito", el nuevo texto sustituye el criterio objetivo por otro subjetivo. La puesta a disposición se producirá cuando el comité nacional de derechos y garantías crea que la permanencia del imputado en su cargo "daña a la propia organización o a la institución pública". Y, en cualquier caso, lo establecido en el texto no se incorporará a los estatutos hasta el próximo congreso estatal, previsto para 2011. Hasta esa fecha, sus preceptos carecerán de virtualidad.

Dañar la imagen

El caso del presidente de la Diputación de Castellón, hombre fuerte del PP levantino tanto con Eduardo Zaplana como con Francisco Camps, se ha convertido en paradigma de la distancia que media entre el plano teórico y el práctico. Salvo sus incondicionales, pocos en el PP dudan de que el comportamiento de Fabra vulnera cualquier código ético. Con independencia de cómo evolucionen las dos causas judiciales en que está inmerso, la trayectoria del presidente del PP en Castellón no se ajusta a lo descrito en el primer punto del código de buenas prácticas del PP. Los militantes, dice ese artículo, deben abstenerse "de cualquier conducta que, aun siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen o la honorabilidad de la organización".

Tampoco cabría definir como honorable que un ex presidente autonómico pague en negro las reformas de su casa. Lo hizo, supuestamente, Jaume Matas, anterior jefe del Ejecutivo balear y quien el próximo 23 de marzo declarará como imputado en el caso Palma Arena, donde se indaga la escandalosa duplicación de costes en la construcción del velódromo palmesano. Matas, varios de cuyos antiguos subordinados permanecen imputados en otros casos, mantiene intacta y sin reproches su militancia.

En los últimos tiempos, sólo una suspensión de militancia ha golpeado a un dirigente: la de Ricardo Costa, ex número dos del PP valenciano. La suspensión se dictó, por cierto, al calor del caso Gürtel y antes de conocerse alguno de los dos documentos contra la corrupción elaborados por la dirección del partido.

Costa fue uno de los beneficiarios de los trajes con que los emprendedores de la trama Gürtel obsequiaron a la plana mayor del PP valenciano, con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a la cabeza. El código ético del partido estipula ahora la "prohibición" de aceptar "cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe, a los usos y costumbres sociales". Con qué importe máximo se corresponden los usos y costumbres sociales no se especifica en el texto. Ni Rajoy tiene intención de reprochar a Camps que aceptara ropa confeccionada a su medida y valorada en 12.783 euros.

Declaración al auditor

Pero lo sustancial en la relación de la Generalitat con la trama no son los trajes sino los contratos con Orange Market. Y, pese a que tanto el documento de bases contra la corrupción como el código de buenas prácticas del partido exigen transparencia en la gestión, esos contratos continúan siendo secretos. El código no precisa medidas concretas de transparencia como, por ejemplo, la difusión de los contratos salvo que tengan carácter reservado.

Tampoco consta que el PP haya ordenado a sus cargos locales que se apresten a hacer transparentes sus ingresos y bienes, pese a que la Ley del Suelo ya obliga a ello. No haría falta ninguna nueva norma para publicarlos: sólo voluntad. Pero el código interno se queda por detrás de la ley: incide en que los cargos públicos del PP entregarán su declaración de bienes al auditor del partido, pero en ningún momento promete su difusión pública.

En cambio, el documento de propuestas para el pacto contra la corrupción, elaborado no para consumo interno sino para fijar posiciones ante los otros partidos, sí propugna hacer públicos los bienes de los cargos electos, sin mención a los de confianza.