Poco tiempo y muchos objetivos que cumplir. La nueva ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, tiene por delante el mayor reto de su carrera como cabeza visible del departamento que, tras su ampliación, engloba las principales políticas sociales del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Distintos sectores, colectivos ciudadanos y organizaciones profesionales han expresado en los últimos días su apoyo a la nueva ministra, que tiene dos obstáculos principales: el escaso tiempo que queda para las elecciones generales, apenas 18 meses, y los recortes presupuestarios.

Pajín, que se topó en su estreno en el cargo con las descalificaciones machistas e injuriosas del alcalde de Valladolid, el regidor del PP Francisco Javier León de la Riva, dejó claro desde el principio su propósito de mantener la "apuesta clara y decidida" por defender el Estado de bienestar en España y hacer de la política social una de las "conquistas irrenunciables" del Ejecutivo. La nueva ministra asegura que, pese al recorte presupuestario, el Gobierno, en general y su ministerio, en particular, que es "el de las personas", no se olvidarán "de quienes peor lo están pasando" ni dejarán de lado los derechos de ciudadanía conquistados hasta el momento.

Afirma que los logros sociales son una "conquista irrenunciable"

Pero Pajín no lo tendrá fácil. Tanto la sanidad como el resto de políticas sociales están sometidas a graves tensiones por la crisis económica y todos los sectores afectados esperan soluciones de la nueva ministra, que apenas tendrá 18 meses para demostrar su capacidad de llegar a acuerdos.

Los retos que se ha puesto la propia Pajín, junto con las demandas que en los últimos días le han hecho desde las tres áreas donde su departamento es competente, configuran una compleja hoja de ruta. En el ámbito sanitario, la atención se centra en la necesidad de lograr un pacto de Estado que garantice la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, una vieja aspiración que hoy más que nunca parece necesario convertir en realidad. Pajín está convencida de que el acuerdo, esencial para asegurar la viabilidad económica del actual modelo, será posible finalmente con el acuerdo de todos.

En materia de política social, el desafío es similar. Con unos presupuestos en retroceso, el acuerdo y el diálogo con las comunidades autónomas se presenta como clave para seguir desarrollando el sistema de dependencia, llamado el cuarto pilar del Estado de bienestar. Por último, en materia de igualdad, el goteo constante de fallecimientos por violencia de género, las desigualdades injustificadas entre hombres y mujeres y la persistencia del machismo más recalcitrante serán los principales desafíos.

El sector confía en que Pajín tenga la misma actitud de diálogo que su antecesora

El pacto por la sanidad es, con diferencia, la demanda más generalizada que los distintos representantes del mundo sanitario esperan de la nueva ministra, que confían también en que mantenga la capacidad de diálogo y coordinación de su antecesora, Trinidad Jiménez. “Hace falta un acuerdo político del máximo nivel para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS); no podemos esperar a que fracase”, explica el presidente de los colegios de médicos, Juan José Rodríguez Sendín. A su juicio, también ha llegado la hora de hacer una “política sensata” de recursos humanos que reduzca las actuales desigualdades, así como de materializar los compromisos de la anterior ministra en materia de especialidades médicas, homologación de títulos a médicos extranjeros o colegiación obligatoria. Por su parte, Patricio Martínez, máximo responsable de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, espera que Pajín consiga el mismo “consenso” que Jiménez y tenga la “fuerza moral” para abordar, desde un punto de vista despolitizado, la “grave crisis económica” del SNS.

El pacto sanitario, la dependencia y la violencia machista, principales retos

Los enfermeros también ven en el pacto de Estado por la sanidad “una necesidad imperante”, como destaca el presidente de la Organización Colegial de Enfermería, Máximo González Jurado, que también espera de Pajín el desarrollo de la llamada prescripción enfermera, siguiendo lo establecido en la Ley del Medicamento, y el desarrollo de las especialidades de enfermería. Desde el Sindicato de Enfermería (Satse), también destacan el pacto sanitario como la demanda más relevante, y persiguen también aumentar la actual dotación de recursos humanos y la “mejora urgente” de las condiciones de trabajo.

Desde el área de la farmacia, la presidenta de los colegios de farmacéuticos, Carmen Peña, apuesta por el diálogo, mientras que los distribuidores, agrupados en Fedifar, reclaman que Pajín mantenga los compromisos de su antecesora. En cuanto a los laboratorios, la patronal Farmaindustria hace hincapié en la necesidad de desarrollar el plan sectorial para la industria farmacéutica, y la federación de empresas de tecnología sanitaria (Fenin) pide redefinir el modelo de financiación y una política que “fomente la innovación en el sector”.

Criticas al ajuste presupuestario en dependencia y ayudas municipales

Sindicatos, trabajadores sociales y empresarios coinciden en que la falta de dinero va a marcar el mandato de Leire Pajín en políticas sociales. En 2011, se destinarán 83 millones menos (una rebaja del 5%) a la implantación de la Ley de Dependencia. Y el Plan Concertado, que determina el dinero que las autonomías dan a los ayuntamientos para las ayudas sociales, se ha rebajado en 11,5 millones (un 12% menos).

“La situación económica hace imprescindibles estas ayudas”, exige el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.  La secretaria de política social de CCOO, Rosana Costa, añade que “la inversión económica en el sistema de servicios sociales y en la atención a la dependencia tienen un importante papel que cumplir en la dinamización de la economía”.

“La situación económica hace imprescindibles estas ayudas”

Costa recuerda que de enero de 2009 a febrero de 2010 la atención a la dependencia ha generado 149.000 nuevos empleos. Otro de los retos es cómo evitar que la mayoría de las ayudas que se dan a la dependencia sean económicas, para el cuidador familiar. La ley marcaba que esta paga debía ser excepcional, pero en la realidad copa el 58% de las ayudas que ya se dan. Esta realidad, hace que no se potencien la creación de residencias ni los servicios que prestan los profesionales del sector, con lo que se pierde un gran número de empleos potenciales.

“Hay que crear infraestructuras para tener un sistema de atención sólido”, insiste la secretaria de igualdad de UGT, Almudena Fontecha. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales apunta a la necesidad de que las personas dependientes sean atendidas por profesionales. También insiste en que el ministerio debe exigir transparencia a las autonomías sobre sus datos de gestión.El presidente de la Federación de Empresarios de la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, añade otro reto: conseguir la integración de la sanidad y la política social para que ambas áreas se beneficien mutuamente de los recursos de la otra. La dependencia no lo es todo en política social. El 20,8% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. 

Alerta por el repunte de la violencia de género, con 58 mujeres muertas

La supresión del Ministerio de Igualdad y su conversión en una secretaría de Estado desató las críticas de las asociaciones feministas, que consideran que la igualdad no es un problema que esté ni mucho menos resuelto y que debería figurar en la primera línea de la agenda gubernamental. El recorte, que supone sólo un 0, 03% de los presupuestos, fue calificado por las mujeres como “un paso atrás”. Ahora, será Pajín la encargada también de dirigir este área transversal, que afecta a la sanidad con la Ley del Aborto, a Interior con la trata de mujeres para explotación sexual o al ámbito económico con la brecha salarial.

“Estamos en contra de que se trate las políticas de igualdad entre mujeres y hombres como una rémora"

“Estamos en contra de que se trate las políticas de igualdad entre mujeres y hombres como una rémora, en vez de como una aportación a la dinamización de la economía y el empleo”, reza el manifiesto leído el pasado día 21 en una concentración convocada ante el ya extinto Ministerio de Igualdad. Otra de las asignaturas pendientes del ministerio es la lucha contra la homofobia. Como recuerda Toni Poveda, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Felgtb), “hay que seguir avanzando en contra de la discriminación”. Todavía está pendiente de salir adelante la Ley de Igualdad de Trato. El PP, además, tiene recurrido la Ley de Matrimonios Homosexuales ante el Tribunal Constitucional y su líder, Mariano Rajoy, ha declarado recientemente que, en el caso de gobernar, no se compromete a mantener esta legislación.

Otra de las polémicas que el Gobierno no termina de arrancar es conseguir que los anuncios de contacto desaparezcan de la prensa. Tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como la ex ministra Bibiana Aído han expresado su rechazo a este tipo de negocio, tasado en al menos 40 millones de euros anuales, pero sigue sin haber un compromiso firme para su eliminación. El Gobierno elaboró el Plan Integral contra la Trata, en vigor desde el 1 de enero de 2009 y con tres años de duración. En total, incluye 60 medidas para luchar contra la explotación que afecta en España al menos a 300.000 mujeres.