El 28 de diciembre de 2004 entró en vigor la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Diez años después, expertas coinciden en que todavía es necesario desarrollarla y, sobre todo, dotarla con el presupuesto suficiente para que sea más efectiva.

En esta década, 757 mujeres han muerto asesinadas; 45, en lo que va de 2014, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Una contabilización que no existiría si no existiera la ley, como tampoco existirían, probablemente, los juzgados especializados ni las medidas de protección a las víctimas. 

Sin embargo, en los últimos años, especialmente desde que Mariano Rajoy llegó al Gobierno, el número de mujeres que tras denunciar renuncian finalmente a continuar con el proceso penal no deja de aumentar, mientras se reduce el número de dispositivos telemáticos, las órdenes de protección o el de las sentencias condenatorias.

El departamento que dirige Ana Mato también ha reducido un 30%, en los últimos tres años, los fondos para prevenir la violencia de género. Y aunque en las previsiones para 2015, los Presupuestos del Estado para la Igualdad y la Violencia de Género han corregido esa cifra incrementando un 8,6% esta partidas (20,82 millones de euros irán destinados a fomentar la igualdad y 23,7 millones, a luchar contra la violencia machista), para las asociaciones feministas sigue siendo insuficiente. 

Así lo consideran más de 100 organizaciones que han presentado en el Congreso de los Diputados un informe en el que denuncian que el PP pretende concurrir a las elecciones de 2015 "con tacones y maquillaje". En el documento [ver pdf, aquí], ponen de manifiesto que el dinero destinado a Igualdad y Violencia de Género supone, en conjunto, el 0,01% del presupuesto total y que dicha cantidad es insuficiente para suplir el recorte de los Ayuntamientos, que se han visto obligados a cerrar casas de acogida y centros de la mujer.

Este es, precisamente, el principal defecto de ley de violencia de género, según varias de las expertas consultadas por Público: que no hay dinero suficiente para hacer que se cumpla.

"La ley es una ley bastante completa, pero siempre que se han tenido en cuenta las medidas que necesitaba esa ley. En un tiempo se tuvieron casas de acogida, posibles convenios laborales con empresas y ayuntamientos para contratar a mujeres maltratadas, una renta mínima de inserción... Ahora, con los recortes ya no hay tantos recursos para las mujeres que denuncian", lamenta la abogada Cristina Almeida. 

"La ley es una relación de propósitos que tiene que venir acompañada de presupuestos o seguiremos siendo incapaces de proteger a las mujeres que denuncian", señala también la directora de la cátedra de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Laura Nuño, que denuncia que, mientras el presupuesto total se ha incrementado, el próximo año habrá "dos millones de euros menos destinados directamente a protección de las víctimas".  Y en la misma línea se expresa la presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, Amalia Fernández Doyague, que considera que "una ley hay que dotarla económicamente". 

Todas coinciden en que lo primordial es reforzar, sobre todo, la formación específica de todos los agentes implicados en detectar un posible maltrato y guiar después a las víctimas de violencia de género. Es decir: personal sanitario, asistentes psicosociales, policías y jueces, entre otros. "Las mujeres tienen que confiar en las instituciones, confiar en que las podemos proteger para animarse a denunciar", resume Nuño. "La ley partía de una formación integral de todos los operadores que no existe y, mientras no exista, las sentencias seguirán siendo abusivas", advierte Fernández. "Si un policía o un juez no tienen empatía con la mujer, ésta siempre se va a sentir como si ella fuera la sospechosa cuando acuda a declarar contra su pareja", añade. 

De hecho, las tres expertas recuerdan que el mito de las denuncias falsas es, simplemente, eso, un mito (no suponen ni el 0,1% de los casos) que ha conseguido calar debido a que las víctimas necesitan una prueba fehaciente para que las crean o, de lo contrario, los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo priman tanto que consiguen que "un 55% de las denuncias se archiven", señala la también abogada Lidia Falcón.  

A pesar de todo, un 72,2% —según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)— consigue salir del maltrato y "también hay sentencias del Tribunal Supremo que estiman la presunción de veracidad de la víctima", destaca Almeida, que considera que es este mensaje el que debería empezar a calar en la sociedad. "Si alguien denuncia un robo nadie sospecha que esté mintiendo pero aquí ni los juedes ni los policías que abandonan a las víctimas asumen su responsabilidad", ejemplifica y lamenta, por su parte, Falcón.

De todas las expertas consultadas por este diario, la creadora del Partido Feminista es la más crítica con la actual ley contra la violencia de género. "No contempla la violencia sexual, ni la económica ni la institucional y es un pecado mortal que no se defienda y no se proteja nada más que a las mujeres que son maltratadas por sus parejas sentimentales", opina. "Ni madres, ni hermanas, ni hijas, ni vecinas, ni compañeras de trabajo ni, por supuesto, prostitutas", agrega Falcón. Una opinión que comparte, al menos en parte, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ, Ángeles Carmona. 

Para Carmona, uno de los retos a conseguir después de haber conseguido que "la violencia de género se haya convertido en una cuestión de Estado" es el incluir la trata de personas, las violaciones fuera de la pareja o la mutilación genital dentro de la definición de violencia de género, tal y como se prevé en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016. Además, aboga por terminar de desarrollar la ley de protección de la infancia -"que considera a los hijos de las mujeres maltratadas como víctimas directas del maltrato"-, la reforma del Código Penal -"que incluye el acoso y el hostigamiento a través de las nuevas tecnologías como nuevos delitos penales"-, y por "comarcalizar y reorganizar las competencias de los juzgados". ¿Con qué fin? El de poder mejorar la asistencia judicial reforzando los sistemas de valoración integral de género en todos los juzgados y no sólo en los ya especializados. Algo para lo que "no se necesitaría una partida presupuestaria alta, sino un reparto racionalizado de la carga de trabajo" de los tribunales, explica.

Aunque no todas se muestran igual de conformes con la utilidad de la normativa actual, todas coinciden en una cuestión. Y es en reclamar, igual que las propias ponentes de la ley, una mejor educación en igualdad como principal herramienta en la lucha contra el machismo. 

016. Teléfono de atención a víctimas de violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica.