El Foro de Inversiones que hoy se abrió en Casablanca, capital económica de Marruecos, puso el foco en las numerosas ventajas que tiene para España invertir en el vecino del sur, aunque las carencias estructurales aún lastran al país magrebí.

Marruecos se presenta como un país que puede atraer importantes inversiones españolas en un contexto europeo de crisis económica, debido principalmente a su proximidad geográfica y su estabilidad política.

Comparado a los países de su entorno, y principalmente los que han vivido la "primavera árabe", Marruecos cuenta con varias ventajas, de entre las que destaca su estabilidad política, factor fundamental para atraer a empresas que huyen de la incertidumbre.

La situación geográfica de Marruecos (a solo 14 km de España) se presenta como su mejor baza: su proximidad a Europa permite una importante reducción del coste de transporte y los plazos de entrega.

A ello se añade una extensa red de comunicaciones por carretera (1.416 km de autopistas) y ferrocarril (2.109 km) que vinculan el norte con el sur del país, así como de un importante sistema portuario en el que destaca el puerto Tánger-Med, justo frente a la costa española.

Además, la multitud de tratados de libre comercio (TLCs) firmados por Marruecos con Estados Unidos y otros países hacen que las potencialidades comerciales lleguen hasta los mil millones de consumidores.

Para promover las inversiones en el país, la legislación marroquí ofrece una serie de facilidades e incentivos a toda inversión que supera los 200 millones de dirhams (unos 18 millones euros) como las exoneraciones fiscales en los primeros cinco años.

El ministro de Asuntos Generales y de Gobernanza, Mohamed Nayib Bulif, dijo a Efe que el sistema de inversiones en Marruecos "está basado en dar verdaderas oportunidades tanto a los inversores marroquíes como a los extranjeros".

En la actual difícil coyuntura económica en España, Bulif subrayó que hay que tomar en cuenta este punto y "estudiar seriamente la manera de atraer a los inversores españoles" que desean invertir en su orilla sur.

El ministro marroquí añadió que Marruecos tiene firmados diferentes convenios bilaterales con sus principales socios europeos: Francia y España, y multilaterales con la Unión Europea que "otorgan una prioridad a estos (dos) socios por delante de otros inversores cuando se trata por ejemplo de grandes proyectos de infraestructuras".

Entre otros factores incentivos para invertir en Marruecos figura el reducido coste de la mano de obra (el coste salarial es del 30 % menos con respecto a la media del mercado europeo), al que se añade una electricidad y un combustible más baratos, ya que el estado marroquí los subvenciona generosamente como parte de sus políticas de paz social.

En la prestigiosa lista "Doing Business" de 2012, que mide la facilidad para hacer negocios, Marruecos ha subido 21 puestos en un solo año, pero todavía se sitúa lejos de los países más "amigables" con el inversor, al ocupar el puesto 94.

No obstante hay ciertos retos que enturbian el "atractivo" económico del país, como la extensión de la corrupción en varias esferas del país. Al respecto, la organización Transparency Internacional colocó a Marruecos en 2011 en el puesto 80 entre 183 países y le otorgó una nota de un 3,4 en una escala que va de 0 (entre lo más corrupto) a 10 (menos corrupto).

Azedine Akesbi, economista y miembro de la asociación Transparecy Marruecos, subrayó que existen varios factores que "estorban" a los inversores en general, y a los extranjeros en particular, como "los pesados trámites administrativos" y el recurso a sobornos para abreviarlos, o la "incertidumbre" a la hora de conflictos jurídicos y litigios.

A la corrupción se añaden otros factores que impiden un mejor desempeño de Marruecos: el alto analfabetismo (30 % de la población), la baja cualificación profesional (el 80% de jóvenes tiene un nivel de instrucción inexistente o bajo, especialmente en el campo), junto a un alto índice de pobreza: 8,5 millones de marroquíes son vulnerables a la pobreza extrema según un reciente estudio del Banco Mundial.

Por otra parte, el país padece de un sector informal muy importante que perjudica a la hacienda pública; según el último estudio del Alto Comisariado de Planificación (organismo estadístico oficial) realizado en 2007, había 1,5 millones de "unidades de producción informal", que empleaban a unos 2,216 millones de personas y contribuyeron a un 14,3 % del PIB.

A esto hay que añadir la creciente conflictividad social y laboral, debida a la abundancia de interlocutores sindicales y la ausencia de un marco claro de convenio colectivo, y la multiplicidad de centros de decisiones que hacen que un proyecto concreto pueda ser siempre anulado por una "instancia superior".

Fátima Zohra Bouaziz