Este artículo se publicó hace 2 años.
María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, ya cumple condena en un centro de inserción
Fue condenada por permanecer en paradero desconocido con su hijo durante más de un año. Siempre ha defendido que el único motivo para desaparecer fue el de proteger a su hijo de malos tratos y de supuestos abusos sexuales.
La expresidenta de la asociación Infancia Libre, María Sevilla, cumple desde el pasado lunes en un Centro de Inserción Social (CIS) la condena a dos años y cuatro meses de cárcel a la que fue condenada en 2020 por la sustracción de su hijo.
Según ha confirmado la Federación de Asociaciones de Mujeres y Menores Resilientes de violencia de género, una de las que firmó el indulto para María Sevilla, ésta ingresó el pasado lunes en un CIS madrileño en segundo grado, de manera que está en régimen cerrado.
Lo hizo voluntariamente al cumplirse el plazo dado el pasado mes de febrero por el Juzgado de Penal número 2 de Madrid, de Ejecutorias, para que comenzase a cumplir la condena a dos años y cuatro meses de cárcel a la que fue condenada en 2020 por un juzgado madrileño por la sustracción de su hijo, y que confirmó la Audiencia Provincial.
El pasado 25 de enero, la jueza de lo penal de Madrid desestimó, también, la petición de Sevilla de que se suspendiera su entrada en prisión a la espera de la decisión del Gobierno de concederle el indulto. Un escrito de indulto que está sobre la mesa de la ministra de Justicia, Pilar Llop, desde el 29 de diciembre del año pasado.
Sevilla fue condenada por la sustracción de menores al permanecer en paradero desconocido con su hijo durante más de un año, después de que un juzgado decretara en diciembre de 2017 el cambio de custodia hacia el padre del menor. Desde el inicio, Sevilla ha afirmado que el único motivo para desaparecer fue el de proteger a su hijo de malos tratos y de los supuestos abusos sexuales que el menor manifestó con cuatro años.
Diversos informes pediátricos y psicológicos a los que ha tenido acceso Público (tanto de parte como de organismos públicos) advierten de que la versión del menor sobre los abusos tienen signos de veracidad y que existen indicadores que así lo corroboran.
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