El general Juan Prim es "prácticamente imposible" que sobreviviera a sus heridas los tres días que oficialmente se dijo, tras el atentado de 1870, y su momia presenta señales "compatibles" con un posible estrangulamiento a lazo, además de que fue "suplantado por sus asesinos".

Así lo señala en sus conclusiones, la Comisión Prim de Investigación, formada por expertos de la Universidad Camilo José Cela, que han estudiado el cuerpo embalsado del que fuera presidente del gobierno (septiembre de 1869 - diciembre de 1870).

"Hemos resuelto un crimen del siglo XIX con los avances tecnológicos del siglo XXI", ha señalado el presidente de la Comisión, Francisco Pérez Abellán, para quien la realidad de la muerte del general "está en su momia", conservada en Reus (Tarragona) perfectamente 142 años después.

"El hallazgo más sorprendente e inesperado" son los surcos y marcas en el cuello de la víctima "compatibles" con un posible estrangulamiento a lazo, señala el texto.

Los surcos en el cuello "encajan así en una necesidad de los asesinos de Prim de no permitir la recuperación del mismo, del que asustaban tanto su fortaleza física como su fortuna de salir indemne".

Dichas señales han sido estudiadas "hasta descartar artefactos postmorten capaces de producirlas y procedimientos de embalsamamiento", aunque seguirá la investigación hasta despejar la última duda".

El general, cuyo coche de caballos sufrió una emboscada el 27 de diciembre de 1870 en la madrileña calle del Turco (hoy Marqués de Cubas), al salir del Congreso de los Diputados, recibió heridas de bala que, "contrariamente a lo que se ha aceptado hasta ahora, fueron de gravedad" y los expertos consideran que "es prácticamente imposible que se produjera la supervivencia de los tres días oficiales".

Se deja así en evidencia "el falso comunicado del Gobierno de la época, que hablaba de heridas leves y, aunque no alcanzaron ningún órgano vital", los impactos del hombro izquierdo, como destaca el sumario de la época, resultarían "mortal ut plurimum" (mortal de necesidad).

Esas lesiones causaron que el general no pudiera caminar normalmente, ni tener un habla "normalizada y fluida" y sus brazos quedaron inútiles.

El informe destaca que Prim fue "suplantado por sus asesinos, quienes, deliberadamente faltaron a la verdad en un discurso a la nación sobre la gravedad de sus heridas y engañaron al rey Amadeo I a su llegada al puerto de Cartagena".

Al rey lo fue a recoger, en nombre de Prim, "aunque éste no lo pudo ordenar", uno de los que más habían combatido su designación, el almirante Juan Bautista Topete, partidario del duque de Orleans para el trono. "El nuevo rey quedaba así en manos de sus peores enemigos".

Sobre los posibles autores intelectuales del magnicidio, los hallazgos y aportaciones de la Comisión "están en la línea de prestigiosos autores" que señalan a Antonio de Orleans, duque de Montpensier, y al general Francisco Serrano.

Además, el informe recuerda que el Promotor Fiscal, Joaquín Vellando, se atrevió a proponer el procesamiento de Antonio de Orleans, "uno de los hombres más ricos y poderosos del momento, candidato al trono de España y presunto autor intelectual y financiero de los atentados contra Prim".

Los asesinos "se sentían amenazados con el cambio de dinastía que había procurado Prim" pues la llegada del rey Amadeo I "les haría perder su posición privilegiada".

Las conclusiones criminológicas indica que antes del atentado, el ministro de Gobernación Práxedes Mateo Sagasta, y el gobernador de Madrid, Ignacio Rojo Arias, "conocedores" de que habían intentado matarlo dos veces y que se preparaba "de forma inminente un tercer atentado (...) se inhibieron del asunto sin tomar medida alguna de protección".

Probablemente, el de Prim sea el "crimen más caro de la historia" pues "fueron contratados prácticamente todos los asesinos a sueldo disponibles en España en aquel tiempo, a los que se les ofrecía un cantidad diaria de diez pesetas, un premio de cinco mil duros y la garantía de seguridad de permitirles escapar".

El magnicidio "buscaba la conquista del poder, produciendo el crimen un enfrentamiento mortal entre masones" -tanto Prim como la "mayoría" de sus asesinos lo fueron- y aunque "no puede atribuirse a una conjura masónica", esas fuentes "pueden arrojar mucha luz sobre los ocurrido", considera el informe.

En cuanto al sumario del caso, que está muy deteriorado, la Comisión cree que "es una de las joyas jurídicas de nuestra historia" y recomienda que los tomos que aún se conservan "sean especialmente protegidos y puestos a disposición de estudiantes e investigadores, en un lugar más adecuado y accesible que el que hoy ocupa".

La Comisión encontró la lista original con los doce presuntos asesinos en dicho sumario, que "desde el principio "apunta hacia los poderosos personajes que presuntamente tramaron la conspiración y ordenaron el magnicidio".

Aunque "ya para siempre serán presuntos puesto que nunca llegará a celebrarse el juicio", finaliza el informe.