Que esto no se hunda. Pactada o no entre ellos, esta es la conclusión a la que han llegado José Montilla y Artur Mas para evitar que la corrupción aumente el desapego de los ciudadanos hacia los políticos.

Uno y otro no hablaron ni ayer ni el día de autos, según fuentes de sus respectivos entornos. 'No había nada que decirse, todo está claro'. Y ayer, en un día tenso y de caras largas en el Parlament, PSC y CiU ponían sordina. A unos y otros les salpica una trama de corrupción urbanística que, a falta de confirmarse todas las implicaciones, se ha llevado por delante al alcalde de Santa Coloma, el barón del PSC Bartomeu Muñoz, y a dos influyentes ex colaboradores de Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.

La sesión de control en el Parlament se centró en la crisis económica

El asunto puede poner en crisis a las instituciones. Y el marchamo político que tomó el asunto el martes, con inflamadas ruedas de prensa de los números dos del PSC y CDC, José Zaragoza y Felip Puig, hacía temer una guerra civil. Un escenario que, valoran en uno y otro partido, puede poner las cosas más difíciles. Y más teniendo en cuenta que está al caer la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y que, si es negativa, ambas formaciones creen necesario darle una respuesta conjunta y firme. Sería además lo contrario de lo que recomendó Jordi Pujol en una entrevista el lunes en TV3. Preguntado sobre las irregularidades en la financiación de los partidos, llamó a la omertá 'porque todo puede oler muy mal'.

En privado, el PSC aseguraba que era CiU la que bajaba el tono 'porque ven la que les caerá encima'. Y los convergentes aseguraban que sólo quieren hablar de política y de la crisis ('Lo contrario no nos conviene', admitía un alto dirigente) y sostenían que Mas no se movió un ápice del guión interpretado por Puig horas antes, cuando aseguró que la corrupción tiene que ver con la 'mediocridad' del tripartito.

Con el propósito de frenar el desgaste, el que tomó la iniciativa fue José Montilla. Con el aval de la contundencia exhibida para defenestrar a Muñoz en el caso de que sea imputado, el president leyó una declaración pidiendo a la ciudadanía 'confianza' en unas instituciones tocadas ya por el caso Millet. El president se mostró comprensivo con la 'alarma social' y la 'irritación', pero avisó de que el tiempo de la política 'es otro' y que, tras reaccionar de forma 'clara y contundente', cada uno hará su ejercicio de autocrítica.

Mas confía ahora en que los implicados de CDC se acaben dando de baja

Mas le siguió en una rueda de prensa. Enmendado Puig ('Yo en ningún momento he enfocado las cosas así', señaló en referencia a la acusación de 'mediocridad' dirigida al Govern), se mostró convencido de que, si son imputados, Alavedra y Prenafeta dejarán CDC tras más de 30 años de militancia. Pidió además respeto a la presunción de inocencia y trazó una divisoria entre dos veteranos a los que 'aprecia', pero 'sin responsabilidades' orgánicas, y el alcalde socialista. Y dejó el gesto más significativo para más tarde: decidió no preguntar a Montilla en el Parlament y delegó en el portavoz Oriol Pujol una decisión que, aunque no es extraordinaria, sí resulta poco habitual.

Al igual que los portavoces de ICV y ERC, Pujol preguntó por el cierre de la empresa Lear en Tortosa. Montilla, que minutos antes dejó escapar vivo al portavoz del PP, Daniel Sirera, con quien siempre es contundente, evitó los trapos sucios. Y eso que Pujol se puso a tiro al preguntar por el cierre de Lear, que tuvo otra planta en Cervera. En 2002, la consultora Europraxis debía tutelar su cierre. De la consultora era consejero delegado Josep Pujol, otro hijo del president. En aquellos años, Oriol era alto cargo de Industria.

Mientras desde Madrid aguardan (el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se limitará a esperar que 'la Justicia actúe'), la intranquilidad anida en la Fundació Catalunya Oberta, el lobby cercano a CDC del que Prenafeta es fundador y Alavedra, patrono. Ayer, su boletín digital denunciaba la 'desmedida' actuación de Garzón y recordaba algunos de sus fiascos, como la detención de presuntos militantes de Terra Lliure en 1992. Entonces, Pujol miró hacia otro lado, pero ayer los articulistas vinculados a la fundación tuvieron muy presente el caso en su defensa de Prenafeta y Alavedra.