La Agencia Española de Protección de datos (AEPD) ha sancionado por primera vez la grabación y difusión de imágenes a través del portal de vídeos YouTube, tomadas por los vecinos de la calle Montera de Madrid con el objetivo de denunciar la “necesidad urgente” de clausurar los inmuebles en los que se desarrolla la prostitución.

Las investigaciones realizadas por la AEPD, que comenzaron el pasado octubre con el análisis de los vídeos emitidos en distintos medios de comunicación, consideran que los responsables de la grabación y difusión de estas imágenes han cometido “una infracción grave del artículo 6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos” al permitir la identificación de los transeúntes sin su consentimiento en algunos de los vídeos.

En la resolución también se establece una sanción económica de 601 euros a los responsables de las grabaciones. La multa se ha visto reducida al entender que los sancionados buscaban mejorar la seguridad pública de la zona y que habían distorsionado las imágenes de los viandantes en 20 de los 22 vídeos publicados.

Protestas vecinales

Para la Asociación Nuevos Vecinos de Montera, la actuación de la Agencia en este caso “favorece a los explotadores sexuales”. La entidad defiende su actuación afirmando que “los vídeos reflejan tímidamente una realidad mucho más cruenta que es imposible grabar desde la calle sin ser linchado por prostitutas y proxenetas”. Tras conocer la sanción, los vecinos de Montera están estudiando recurrirla.

Los afectados que colocaron las cámaras en sus balcones consideran un “fracaso rotundo” las medidas del plan contra la explotación sexual presentado por el Ayuntamiento de Madrid y reclaman una mayor regulación de la prostitución para paliar “los inconvenientes de esta actividad, incompatible con la vida vecinal”.

Vulneración de derechos

El Colectivo Hetaira, que defiende los objetivos de las prostitutas, aplaude que “al menos, se haya impuesto una multa a los vecinos que grabaron las imágenes”. La psicóloga de la asociación Cristina Garaizábal destaca que “es muy importante proteger la intimidad de las personas y es necesario castigar a aquellos que no lo hagan”.

Por ello, el Colectivo denuncia la presencia de 31 cámaras que el Ayuntamiento instaló el año pasado en esta misma calle. “Además las colocaron de forma engañosa al argumentar que su objetivo era luchar contra la delincuencia”, agrega Garaizábal.

Protección de datos tiene actualmente abiertas otras investigaciones relacionadas con la difusión de imágenes a través de sistemas como YouTube. En ellas, se evidencia que “la Ley Orgánica rige también en el mundo de Internet, demostrando que no es un territorio de impunidad en el que se puede volcar cualquier contenido sin respetar los derechos fundamentales”, afirma Artemi Rallo, presidente de la Agencia.