"A los obispos no les gustará la reforma del aborto", dice el PP

"Persiste la desprotección legal del derecho a la vida de los que van a nacer y persiste una legislación sobre el matrimonio gravemente injusta", lamentó, ayer por la mañana, el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela. "El Gobierno presentará muy pronto la nueva normativa para resolver un asunto de esta gravedad", prometió, horas después, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Hoy, gran parte de los grupos de la oposición y algunas de las principales organizaciones feministas han atado cabos y han recriminado al titular de Justicia que se deje influenciar por las presiones de la Iglesia. 

"Parece que el vicepresidente del Gobierno es Rouco Varela", sentenció esta mañana el portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Coscubiela. "Si el Gobierno del PP, como ayer anunció el ministro de Justicia, va a ir de la mano con los obispos para modificar la ley del aborto y para volver a limitar la libertad de las mujeres, el PSOE exigirá que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede", amenazó también la vicesecretaria general de los socialistas, Elena Valenciano.

"Que el PSOE se plantee denunciar el Concordato tampoco es nuevo. Yo sé lo que dice y hace cuando gobierna, que es diferente de lo que hace ahora", respondió el portavoz del PP en el Congreso. Alfonso Alonso salió a dar la cara por su compañero de partido, Gallardón, y le defendió de las acusaciones de la oposición. "España es una democracia avanzada, con un marco de instituciones, y las leyes las hace el Parlamento; los obispos opinan pero no hacen las leyes", insistió Alonso. "Seguramente haremos una reforma que no guste mucho a los obispo, no lo sé, y es la que viene con los términos de la interpretación de la doctrina de 1985 del Tribunal Constitucional, que se adhiere también a los compromisos de programa del PP", aventuró también. 

Contra estas incertidumbres se pronunció también la líder de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, que tachó las declaraciones de Gallardón como "ocurrencias". "Desde que es ministro se ha dedicado a decir una cosa por la mañana, corregirla por la tarde y escribir lo contrario al día siguiente", ironizó Díez. "Hasta que no lo vea escrito [el proyecto de reforma de ley del aborto], prefiero no opinar porque estoy opinando sobre cosas que casi nunca llegan al papel", se quejó. No obstante, Díez si opinó que "es importante, exigente y exigible que el Gobierno no se deje chantajear por la Iglesia". 

En este mismo sentido se expresaron, incluso, los cristianodemócratas del Partido Nacionalista Vasco. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, también considera que el Ejecutivo no debe dejarse influenciar por la presión que sobre él ejerce la Iglesia, ni tampoco modificar la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), ya que se elaboró con gran "consenso". Esteban reconoció que en el momento en el que se tramitó dicha normativa, vigente desde 2010, "todos" habrían cambiado algún matiz de la misma, pero ahora no considera adecuada su modificación, informa Europa Press.

Feministas en pie de guerra contra GallardónEUROPA PRESS

Representantes de la Fundación Mujeres y de la Federación de Mujeres Progresistas (FMP) han criticado la intención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de modificar la Ley del Aborto que califican un "retroceso de los derechos de las mujeres en España".

La presidenta de FMP, Yolanda Besteiro, ha señalado que dentro de la asociación están "mirando y hablando para ver qué acciones van a llevar a cabo" para protestar por las palabras del ministro. "No permitiremos ni un paso atrás en la toma de conciencia y el reconocimiento de las mujeres en nuestro país", ha asegurado. Besteiro ha calificado el anuncio del ministro como "gravísimo", y ha afirmado que la actual ley es "la culminación de la demanda de las mujeres españolas para acabar con la inseguridad jurídica y para que se reconozcan los derechos fundamentales de las mujeres en salud sexual y reproductiva".

Asimismo, ha asegurado que la propuesta de que sean médicos, "o quien la ley diga", los que determinen si hay riesgo para la salud de la madre en el embarazo supondrá "volver a la inseguridad jurídica" e impondrá una "doble discriminación, por razón de género y de clase, sobre aquellas mujeres que no tengan medios económicos" para viajar a otros países a abortar o hacerlo en la clandestinidad.

Por su parte, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha calificado las declaraciones del ministro como una "muy mala noticia" y pedido que el Gobierno haga "una propuesta en firme", si su intención es modificar la actual legislación. "Ya procede que se deje de declaraciones etéreas y presente un proyecto de ley para que podamos presentar las observaciones oportunas a un texto que puede tener elementos que contravengan la legislación internacional en materia de salud sexual y reproductiva", ha señalado.

Soleto, que ha calificado como "curioso" que el ministro de Justicia y la Conferencia Episcopal hayan hecho el mismo día declaraciones sobre el mismo tema, ha recordado que hasta ahora "lo único que se han escuchado son declaraciones sobre las que es muy difícil opinar sin ver las implicaciones prácticas que tienen".