El Gobierno que preside Mariano Rajoy ha vuelto a contradecir esta semana a la Organización de Naciones Unidas (ONU) al negar la veracidad de un caso de torturas que según el organismo internacional ocurrió el pasado mes de mayo en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) situado en el barrio de Aluche de Madrid. A pesar de que la resolución del Consejo de Derechos Humanos constata esos malos tratos a un inmigrante marroquí que quedaron reflejados en un parte médico así como en "atestados de defensores de los derechos humanos de los migrantes", el Ejecutivo asegura que esa persona se autolesionó.

Esta versión se refleja en una respuesta escrita trasladada al diputado de Amaiur Jon Iñarritu (ver PDF), que se había interesado por la opinión del Gobierno sobre la mencionada resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (ver PDF), fechado el pasado 25 de agosto. En ese texto, el organismo internacional concluía que Adnam El Hadj, de nacionalidad marroquí y que había sido trasladado hasta el citado CIE el 8 de mayo "con el fin de ser expulsado del país", fue "objeto de vejaciones, malos tratos y torturas, con insultos de un fuerte contenido racista con frases como 'vienes a España a comer gratis' o 'que te den comida en tu país, moro de m. (sic)'". 

La fuente cuyo testimonio verificó la ONU para llegar a esas conclusiones explica que ese día "varios policías" se presentaron en la habitación de El Hadj para "iniciar los trámites de expulsión". Añade que al despertarse, el hombre "procedió a despedirse de su compañero e insultó a continuación a los agentes llamándoles racistas". El texto apunta que entonces los polícias "procedieron a esposarle, a atarle las piernas y le llevaron, jalándole de los cabellos, a los bajos de una escalera que conduce al comedor del recinto, donde fue obligado a arrodillarse y a recibir numerosos de golpes de puño, de pie y propinados con porras". 

El Ejecutivo se negó a contestar a la ONU

El máximo organismo internacional especifica que "a tal extremo llegaron los vejámenes, que el resto de los internos se negaron a desayunar en protesta". Indica, además, que la expulsión del país "que aparentemente debía realizarse en los días siguientes, se habría adelantado para el mismo día 8 de mayo, en razón del escándalo producido en el recinto y por las observaciones humanitarias que tuvieron conocimiento de los hechos". Asimismo, el Grupo de Trabajo entiende que la detención de El Hadj fue "arbitraria" por la "ausencia de orden de arresto y la falta de recursos judiciales" esgrimidos para "poner fin a su privación de libertad y a los abusos que se cometieron en su contra". 

La ONU dio al Gobierno español la posibilidad de responder sobre este asunto, pero el Ejecutivo optó por no contestar. Y por eso, el Grupo de Trabajo recomendó al equipo que preside Mariano Rajoy que concediera al hombre maltratado "una reparación proporcionada al mal causado". El Gabinete sólo ha contestado después de que Amaiur le exigiera posicionarse sobre el caso a través de una pregunta escrita registrada en el Congreso de los Diputados el pasado 22 de noviembre. Así, según el relato del Gobierno ese día de mayo se produjo "un ataque verbal, provocativo y amenazante" por parte de El Hadj hacia "cuatro funcionarios policiales, que no pueden evitar que éste se autolesione", motivo por el cual fue trasladado a un centro médico. 

"Oculta información"

A renglón seguido, explica que "ese mismo día", ese mismo hombre protagonizó "un nuevo altercado" y que volvió a ser enviado a un hospital madrileño. Finalmente explica que el juzgado encargado del caso requirió la presencia del inmigrante, donde fue examinado por un médico forense. "Y dado que su expulsión era inminente, se considera por este mismo juzgado proceder con la misma, si bien se solicita la presentación en sede judicial de informe médico de lesiones y declaración de la persona en cuestión", concluye el Gobierno, antes de recordar que el caso está en manos de un juez. 

Tras recibir esta respuesta, Iñarritu ha lamentado esta nueva denuncia, esta vez de la ONU, "por torturas y malos tratos a España", y ha criticado que el Ejecutivo "eche balones fuera". "España acusa de autolesiones a la víctima, argumento habitualmente utilizado contra denunciantes", explica el diputado de Amaiur, antes de considerar que la argumentación ofrecida por el Ejecutivo "no es creíble". "Una vez más, oculta información, y por eso, Amaiur solicita claridad y medidas para erradicar la tortura y malos tratos y el cierre de los CIE", ha concluído.