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La ONU investiga a los cascos azules por abusos en Costa de Márfil

La identidad de los implicados se mantendrá en el anonimato hasta que finalice el proceso

PUBLICO.ES/EFE

La Misión de las Naciones Unidas en Costa de Márfil (ONUCI) ha puesto en marcha una investigación sobre los supuestos casos de explotación sexual y abusos cometidos por los cascos azules y policías desplegados en el oeste de este país africano.

Así lo informó en rueda de prensa la directora de información de la ONU en Ginebra, Corinne Momal-Vanian, quien señaló que en caso de que las acusaciones sean ciertas, será responsabilidad de los países de origen de los imputados el juzgarlos.

Momal-Vanian explicó que la ONUCI informó de lo ocurrido a las oficinas centrales de Nueva York, a las autoridades marfileñas, a los altos mandos de los cascos azules destinados en el país y a las Fuerzas Armadas de los países cuyas tropas están en la misión de paz del país.

El proceso forma parte de la política de tolerancia cero respeto a los abusos sexuales

El proceso cuenta además con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la organización humanitaria Save the Children. Momal-Vanian precisó que se conservará el anonimato de los implicados y sus nombres y sus países de origen no serán revelados con el fin de no interferir en la marcha de la investigación.

En un comunicado divulgado hoy en Ginebra, la ONUCI lamentó profundamente lo ocurrido a las potenciales víctimas y reiteró su compromiso por implementar una política de tolerancia cero respecto a los abusos sexuales. 'Ya han sido implementadas acciones preventivas recomendadas por la misión, así como la puesta en marcha de una campaña de sensibilización', afirman desde la ONUCI.

El Consejo de Seguridad aprobó en 2004 la creación de la Misión de la ONU en Costa de Márfil para facilitar el proceso de paz en el país, que tras la guerra civil de 2002 quedó dividido en el norte controlado por los rebeldes y el sur controlado por el Gobierno.

El pasado julio el Consejo de Seguridad amplió el mandato de la misión por doce meses más, tras la crisis postelectoral de comienzos de este año, para que pudiera continuar asistiendo al país en la restauración de la ley y el orden, en la celebración de unas elecciones legislativas y en el proceso de reconciliación nacional y en la recuperación económica.

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