La oposición en Melilla rechaza la distinción a un asesor de Imbroda

La concesión de la Medalla de Oro de la Policía Local de Melilla al ex consejero de Seguridad Ciudadana Ramón Antón Mota ha reavivado el debate sobre la necesidad de ruptura con el pasado franquista en la ciudad autónoma.

Entre los méritos que la Consejería de Seguridad Ciudadana destaca del exconsejero para atribuirle la condecoración está el de haber asistido "en comisión de servicios" con el Delegado Gubernativo a la última ejecución que hubo en España por garrote vil y penúltima pena de muerte dictada por un consejo de guerra en 1974: la del joven catalán Salvador Puig Antich .   

Otro de los méritos que se subrayan en el currículum de Antón Mota, quien promovió el distintivo que ahora se le concede, es el de haber estado destinado en Irún en 1970, "donde se declara por primera vez el estado de excepción tras los continuos incidentes de orden público", según consta en la propuesta de concesión de la Medalla, firmada por el actual consejero de Seguridad, Francisco Calderón Carrillo. 

La atribución del distintivo, que será entregado el próximo 29 de septiembre, salió adelante con el voto en contra de todos los grupos de la oposición: PSOE, Coalición por Melilla (CPM) y Populares en Libertad (PPL).

La atribución del distintivo salió adelante con el voto en contra de todos los grupos de la oposición

La motivación que ha llevado a estos grupos a rechazar la propuesta —votada el pasado lunes en el Pleno de la Asamblea— también tiene que ver con la cuestión "ética" que supone premiar a la misma persona que ha promovido la concesión anual de esta condecoración. Así lo denunció el diputado y portavoz socialista en la Asamblea de Melilla, Dionisio Muñoz, quien considera que el trabajo de Antón está "más que reconocido" a través del salario que percibe.

"Todo lo que huela al régimen franquista debe desaparecer y más en este caso en el que se presume, a través de un currículum, de haber asistido a una de las últimas ejecuciones de la dictadura", defiende Amin Azmani, exdiputado socialista. "Alguien que incluye un episodio como ese en su trayectoria profesional no debería recibir dinero de las arcas públicas", añade. 

La oposición en la Asamblea pide que se retire esta distinción al que es actual asesor de Juan José Imbroda (PP), presidente de la Ciudad Autónoma. Por su parte, el consejero de Presidencia, Abdelmalik El Barkani, considera "pertinente" la concesión de la Medalla y defiende que la presencia de Antón Mota en la ejecución de Puig Antich en Barcelona responde a que "era su deber", informa Efe. 

Amin Azmin recuerda que El Barkani defendió la iniciativa de la Consejería de Seguridad Ciudadana porque los méritos del exconsejero son "una realidad" que "forma parte de la historia". 

El Gobierno de la ciudad que aún mantiene una estatua de Francisco Franco es reacio a aplicar la Ley 52/2007 de memoria histórica. Según denuncian grupos de la oposición, en Melilla existe una "nostalgia franquista" que dificulta la ruptura con ese pasado y la aplicación de la normativa estatal en la materia. Así, cuando se retiró la última estatua ecuestre de Franco, "el Gobierno alegó que era patrimonio histórico" para impedir que la efigie abandonara el acuartelamiento militar Millán Astray donde se ubicaba, recuerda el ex diputado socialista Amin Azmani. Algo que, en este caso, no lograron y la estatua fue retirada. 

Mientras, otra escultura—la última que queda en España del dictador— sigue a los pies de la muralla de la ciudad, en plena vía pública. No lejos de allí, un monumento al régimen continua presidiendo una de las principales avenidas de la ciudad, ocupando el lugar del antiguo Café La Peña. En aquel establecimiento se reunían intelectuales de la época de la República y, tras el alzamiento militar, fue destruido y sus propietarios fusilados. "Hoy, los familiares de los dueños del café tienen que seguir viendo ese monumento", lamenta Azmani, cuya formación política no descarta emprender acciones legales para dar cumplimiento a la ley de memoria histórica.  

El destino del conjunto arquitectónico —en el que se lee "Una grande libre"— se vuelve incierto después de que el ministerio de Defensa se ofreciera a retirarlo a cambio de que la Ciudad Autónoma le cediera la titularidad del mismo. El Gobierno de Melilla, en cambio, se niega a hacer este traspaso, dejando en suspenso la aplicación de la ley de memoria histórica.