La intención del Gobierno de limitar la deducción de 400 euros en el IRPF a rentas por debajo de 30.000 euros fue acogido ayer con frialdad por todo el espectro político. A derecha e izquierda, la información ofrecida ayer por Público hizo aflorar de nuevo las críticas a la medida estrella de los planes anticrisis. Así, la mayoría de grupos de la Cámara Baja seguirán abogando, no por una matización, sino por la supresión total de la iniciativa.

Curiosamente, los argumentos se repiten en todo el arco parlamentario: ni ha tenido un efecto anticíclico ni ha demostrado eficacia para fomentar el consumo. Son aspectos que, coinciden todos los grupos, difícilmente se resolverán con la mera limitación de rentas.

"Uno de los principales problemas de la medida, tal y como anunciamos en su momento, es que no llega a las rentas bajas", explica el responsable de economía del PP, Cristobal Montoro. Los conservadores retoman el ejemplo con el que se opusieron a la medida. Entonces, alegaron que Botín cobraría los 400 euros, pero su jardinero, no; hoy, con la reforma que planea el Gobierno, ninguno de los dos lo cobraría.

Desde el PP, seguirán defendiendo acabar con la medida y utilizar esos recursos para financiar una bajada de las cotizaciones de la Seguridad Social a cargo de los trabajadores.

Desde la izquierda de la Cámara, tampoco consideran suficiente excluir de los 400 euros a las clases altas. "Elimina una de las aristas, no cabe duda, pero en cuanto a su finalidad, sigue siendo inútil", lamenta el diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien echa en falta una reforma fiscal profunda que grave a las clases más privilegiadas. Tanto él como ERC, con quien comparte grupo parlamentario, animan al Gobierno a enterrar definitivamente la deducción. "Deberían utilizar los fondos de ese cheque regalo para financiar otras política con un impacto real sobre la economía y las clases más desfavorecidas", defiende el portavoz republicano, Joan Ridao.

Tampoco la portavoz de Coalición Canaria, salvavidas del Gobierno en algunas de las votaciones más complicadas de la legislatura, dará su apoyo. "La medida es injusta, hay que suprimirla, no matizarla", zanja sin dudas Ana María Oramas.