A partir de ahora los pacientes de la Sanidad pública estarán obligados a pagar parte de las prótesis, los productos dietéticos e incluso el transporte sanitario no urgente. Y es que estos productos y actividades pasan ahora a ser considerados "servicios accesorios" sujetos al copago, según anuncia la nueva norma publicada hoy el BOE en el que se establece dónde exactamente se va a recortar para cumplir con el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno el pasado viernes y que supone un recorte de 7.000 millones de euros en Sanidad.

Tal y como publica el BOE, la tarjeta sanitaria a inmigrantes caducará el próximo 30 de agosto. Además, las comunidades autónomas deberán adaptarse al copago farmacéutico según renta antes del 30 de junio y todos ciudadanos empezarán a pagar más por los medicamentos a partir del próximo 1 de julio.

Tras tres días de retraso en la publicación de las medidas adoptadas por "motivos técnicos", tal y como confirmaron fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se da por oficializada la reforma sanitaria propuesta por el ejecutivo.

Estas medidas entrarán en vigor cuando se agote el plazo de 6 meses dispuesto por el ejecutivo a partir de la aprobación del decreto. Por ello, se establecerá un Consejo Interterritorial al acabar el plazo fijado.

También es relevante la modificación del artículo relativo al desarrollo de los servicios comunes, que quedan también recortados. La forma de hacerlo es excluir todas aquellas técnicas, tecnologías y procedimientos que no tengan suficientemente probada, según los criterios de las autoridades, su "contribución eficaz a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y curación de las enfermedades, conservación o mejora de la esperanza de vida, autonomía y eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento".

Entre estas medidas también entra el copago farmacéutico, según el cual los pensionistas tendrán que pagar en las farmacias por los medicamentes que necesiten para sus tratamientos. 

El Gobierno también ha preparado un plan para luchar contra lo que ha denominado como "turismo sanitario" y el "uso fraudulento" de la sanidad por parte de extranjeros no residentes en España, con el que pretende ahorrarse 1.500 millones de euros.

Para ello, se modifica la actual Ley de Extranjería y adopción completa de la directiva europea relativa al derecho de los ciudadanos de la unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros. Esta medida entrará en vigor el 30 de agosto.

La reforma también establece la creación de una Plataforma de Compras Centralizada para que las comunidades compren de forma conjunta medicamentos hospitalarios y tecnología médica, como ya se hace con la vacuna de la gripe, con la que se generará un ahorro de entre 1.000 y 1.500 millones de euros.

Para calcular la cantidad que el paciente deberá desembolsar por las prótesis, los productos sanitarios y el transporte se establecerá un porcentaje que "se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún límite de cuantía a esta aportación".

De esta manera, los activos con una renta igual o superior a 100.000 euros deberán hacerse cargo de un 60% del precio de los medicamentos, reduciéndose al 50% si la renta se comprende entre los 18.000 y los 100.000 euros, y al 40% para las personas cuya renta sea inferior a los 18.000 euros.

En cuanto a los pensionistas, éstos también deberán cofinanciar el coste de los medicamentos con una aportación del 10% del fármaco. Sin embargo, si la pensión del asegurado alcanza los 100.000 euros éste deberá abonar el 60 por ciento del coste, asemejándose así a los activos con el mismo sueldo.