La detención de cinco personas acusadas de tráfico ilegal de órganos por ofrecer hasta 40.000 euros a inmigrantes sin recursos para someterse a la operación de hígado ha traído por primera vez a España, al menos que se sepa, este negocio que mueve millones de dólares en todo el mundo y controlado por mafias transnacionales. El director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, se ha mostrado convencido de que existe un "peligro emergente en todo el mundo en el siglo XXI". Así lo ha afirmado en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto al director general de Policía, Ignacio Cosidó, y la inspectora Baldonado, que dirigió la operación policial en Valencia. Al acabar la rueda, en conversación con los periodistas, han reconocido que la han convocado también con el objetivo de disuadir a otras personas que intenten prestarse a participar en este macabro negocio.

"Nuestro sistema funciona", ha sentenciado Cosidó, vanagloriándose del buen éxito de la operación. "Cuando hay un intento de hacer un transplante por interés económico o presiones, se da una respuesta inmediata", ha añadido en su comparecencia en el complejo policial de Canillas. Pero no ha querido dar respuesta a algunas preguntas como ¿por qué los aspirantes a donantes, siendo inmigrantes sin papeles, no fueron descartados desde el primer momento? ¿Por qué el aviso llegó a la Policía antes de una ONG que de la Sanidad? ¿Cómo saben que realmente se trata del primer caso en este país? Para dar algunas respuestas, los tres han ido contando una historia con algunos aspectos aún sin aclarar.

Matesanz ha recordado que "ningún país es inmune a la compraventa de órganos", una "lacra" que representa "un peligro emergente en todo el mundo y para el que hay que desarrollar todas las alertas". Además, para responder a por qué no saltaron las alarmas con tantas personas extranjeras prestándose para ser donantes, Matesanz ha explicado que en España un 20 % de los trasplantes de donantes vivos se hacen a receptores extranjeros.

España es líder mundial de donación y trasplantes desde hace 22 años. Tiene una tasa de 35,1 donantes por millón de personas, que prácticamente duplica la media de la Unión Europea y supera en 8 puntos la media de Estados Unidos. El Modelo Español aglutina el conjunto de medidas adoptadas en nuestro país para mejorar la donación de órganos. De hecho, el mes pasado España batio su propio récord de máximo de trasplantes en un día, con 45. El hito fue conseguido gracias a 16 donantes, dos de ellos vivos, en 22 hospitales públicos y privados de 11 comunidades autónomas.

En las donaciones de vivo la ONT hace primero una entrevista con los voluntarios a donantes, en los que tratan de averiguar su relación con el receptor y, así, averiguar si hay detrás algún interés económico o coacción. De esta forma es como se descubrió a los aspirantes a donantes que se presentaron en el hospital de Valencia, pues no consiguieron demostrar que tenían una relación afectiva con el receptor que explicara el porqué se iban a someter a una operación de esta índole.

Un ciudadano libanés, alcalde de una localidad de dicho país y con alto poder adquisitivo, necesitado de un nuevo hígado, viajó a España para intentar que se le realizara la operación con donantes supuestamente voluntarios captados en nuestro país, según detalla la nota de Policía de la que se ha hecho también eco Cosidó. Ayudado de otros cuatro individuos, llegó a realizar la oferta a nueve personas y costeó las pruebas y análisis médicos previos para comprobar la idoneidad de los candidatos. La denuncia de la responsable de una ONG de ayuda a inmigrantes dio inicio a las investigaciones. Informaba a la Policía de que una mujer le había confesado que un amigo de su esposo le ofreció una gran cantidad de dinero por la donación de uno de sus órganos. Esta mujer, una ciudadana argelina de 28 años y en situación irregular en España, incluso se realizó pruebas en una clínica de Valencia, aunque finalmente fue descartada como potencial vendedora del órgano por encontrarse embarazada.

Los investigadores descubrieron que la mujer había sido conducida a la clínica por dos ciudadanos de origen palestino y libanés que habrían costeado las pruebas clínicas. De hecho estos individuos habrían acompañado en otras ocasiones a ocho personas más, siete de ellas inmigrantes irregulares sin ingresos, a practicarse los exámenes médicos. Estas pruebas incluían, además de análisis, algunas muy específicas como resonancias abdominales, TAC abdominales o volumetrías hepáticas, comprobación sólo indicada para pacientes con cáncer hepático o para el trasplante de hígado. El importe de todas las pruebas, un total de 12.000€, fue facturado a una empresa radicada en Alicante.

La oferta que se había realizado a las nueve personas examinadas consistía en la donación de una porción de hígado a un influyente ciudadano libanés a cambio de 40.000€. Algunos de los candidatos fueron rechazados a raíz de los análisis médicos, pero al menos uno de ellos aceptó la oferta y fue considerado idóneo. El receptor libanés llegó a personarse con este "donante" de origen rumano en un hospital de Barcelona para que se practicara el transplante, pero fue rechazado por el coordinador de trasplantes del hospital al no tener la garantía de que el ciudadano rumano fuera familia ni allegado al receptor y carecer de pruebas que acreditaran el carácter altruista de la donación.

Finalmente, el receptor libanés fue trasplantado en un hospital español, que practicó la intervención tras comprobar que, esta vez sí, el donante de vivo era su propio hijo. Tras la operación abandonó España, pero ha sido detenido en el aeropuerto de Manises, a su vuelta a nuestro país para revisión médica. Posteriormente, han sido arrestadas cuatro personas más, los dos ciudadanos que actuaron de intermediarios y que acompañaron a los candidatos a donante a las clínicas y a los propietarios de la empresa a la que se facturaron las pruebas médicas.