La paradoja y el símbolo de Salt

Bushra tiene 30 años, un hijo de siete y una niña en camino. Ella y su marido tienen también una familia de acogida, la de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Girona. "Menos mal que nos adoptaron", suspira con una sonrisa. Desde hace unos meses, conviven con 15 familias más que la Obra Social de la PAH realojó en marzo en un edificio que estaba vacío desde que se construyó hace unos tres años en la localidad de Salt y que el Banco Mare Nostrum transfirió como activo tóxico al banco malo. Estos días viven sumergidos en una lucha desigual: evitar el desalojo inminente decretado para el 16 de octubre y convertirse en la punta de lanza de un movimiento que fuerce a la Administración y a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) a convertir las viviendas vacías en manos de la banca nacionalizada en un parque público de alquiler social.  

La historia de Bushra y su marido podría ser la de muchas otras familias de Salt, una localidad del Gironès de más de de 30.000 habitantes que tiene las tasas de densidad de población y de desahucios hipotecarios más altas de la provincia de Girona, así como el mayor porcentaje de jóvenes y menores de edad. Muchas de las víctimas de los desahucios hipotecarios son población inmigrada y su principal acreedor, según datos de la PAH, es Bankia, seguida por el BMN, resultado de la fusión entre Caixa Penedès, Caja Múrcia, Caja Granada y Sa Nostra y absorbido ahora por el Banco de Sabadell en Catalunya. Bushra y su marido, ambos de origen marroquí, perdieron su vivienda cuando él se quedó sin empleo en la construcción y más tarde fueron expulsados de un piso de alquiler por no poder hacer frente a los recibos. Ahora no tienen ingresos.

La Obra Social de la PAH ha dado alojamiento a más de 700 personas en 14 bloques

"En Salt ha habido una estafa brutal por parte de las entidades bancarias, es criminal", afirma contundente Marta Afuera, portavoz de la PAH Girona, que recuerda el caso del director de una oficina de la entonces Caja Madrid en Girona que fue detenido en 2007 por estafar a inmigrantes en Salt y Banyoles cobrando comisiones ilegales por las hipotecas. Entre 2005 y 2007, los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria, se produjeron 250 transacciones de compra venta de viviendas al trimestre en la población, el triple que en los años precedentes.

El bloque de Salt, un edificio nuevo de cinco plantas y treinta pisos que nunca se llegó a estrenar, es el primero "liberado" por la Obra Social de la PAH sobre el que pesa una orden de desalojo y la plataforma quiere que sea el último. El objetivo de esta campaña iniciada en 2011 es recuperar de forma colectiva y para las familias que no tengan medios para pagar un alquiler los edificios vacíos en manos de entidades financieras rescatadas con fondos públicos. Hasta ahora, han conseguido realojar a más de 700 personas en 14 bloques, tres de los cuales -más el que se ocupó el jueves en Madrid- pertenecen al banco malo. No solo se ofrece así un techo a familias que lo han perdido sino que se genera una red de apoyo que recibe y da ayuda y una comunidad aglutinada que participa día a día en distintas actividades. Los vecinos del bloque de Salt han convertido un terreno yermo adyacente en un huerto autogestionado.

Muchos de los tres millones de pisos vacíos que la PAH calcula que hay en España pertenecen a entidades bancarias. La SAREB, cuyo capital es en un 45% público, es ahora una gran inmobiliaria, con una cartera de 55.700 viviendas, unos 30.000 activos anejos (plazas de garaje y trasteros) y alrededor de 15.000 suelos. La plataforma denuncia que el banco malo -al que llama "el banco del terror"- está vendiendo los pisos a "fondos buitres" (inversores y especuladores internacionales)  y que su estrategia es mantenerlos vacíos. La sociedad creada por el Estado, que afirma en la sección de "preguntas frecuentes" de su web que su cometido "es la venta de los activos inmobiliarios procedentes de la banca que ha recibido ayudas, buscando la máxima rentabilidad", vendió durante el primer trimestre de actividad sólo 550 viviendas.

Abrir los edificios en desuso -y a menudo sin mantener- y alojar familias en ellos no es una ocupación ilegal, sostiene la plataforma, sino una "recuperación legítima" de viviendas en manos de bancos rescatados con dinero público sin ninguna contraprestación social a cambio. "Es tan sencillo y lógico que hasta un niño lo entiende", afirma la PAH en un vídeo que explica los motivos de su Obra Social.

Para la PAH es "recuperación legítima" de viviendas en manos de bancos rescatados con dinero público

Lo entiende muy bien Ali, el hijo de Bushra, que ha encontrado un hogar acogedor en el inmueble de Salt y muchos amigos. Es uno de los 11 menores que viven en el edificio, junto a 32 adultos. "No quiere irse, aquí tiene su vida", explica su madre.

También lo entendió la juez de Sabadell que rechazó en mayo la petición de desalojar un edificio del banco malo -también transferido por el BMN- que llevaba cuatro años vacío y que la PAH había ocupado en esta localidad del Vallès Occidental unas semanas antes. "En Girona, la Audiencia Provincial ha instado al juez a ordenar el desalojo. Él lo había parado dos veces considerando que el derecho de las familias en una situación de emergencia va por delante del derecho a la propiedad privada", denuncia Afuera. "El desalojo se ha ordenado por la vía política. Los poderes no están separados, es el gran problema de la democracia en España".

Las negociaciones para evitar el desalojo se realizan estos días a contra reloj, después de que fracasaran las gestiones con el Ayuntamiento de la localidad y con la SAREB, que interpuso una denuncia penal por usurpación de bienes inmuebles y que la PAH asegura que se ha mostrado inaccesible hasta ahora. "Las relaciones con el alcalde no son fáciles. Nos ha dado largas y excusas y más bien la actitud de todo el equipo de Gobierno de CiU ha sido dificultarnos la situación", explica la portavoz de la PAH en Girona. Como ejemplo, alude a la llamada "guerra del agua", en referencia a las distintas ocasiones en que se ha intentado cortar el suministro del bloque.

Este jueves, y durante una protesta en la sede del área de Vivienda de la Generalitat en Barcelona a la que acudieron todos los vecinos del bloque de Salt -también se desplazó hasta allí Bushra con su familia y llevando a cuestas su barriga de seis meses- consiguieron el compromiso del secretario de Vivienda catalán, Carles Sala, de forzar una reunión a tres bandas -Gobierno, PAH y SAREB- antes del 16 de octubre. Al día siguiente, el bloque de Salt recibió el apoyo de 38 diputados catalanes del PSC, ERC ICV-EUiA y las CUP, que han instado al conseller de Interior, Ramon Espadaler, a desobedecer la orden de desalojo. Tanto la PAH como en la solicitud se insiste que el bloque de Salt es el "icono de la paradoja del sistema actual".

Espadaler ya ha respondido que no. Si el conflicto no se desactiva antes y los Mossos acuden el día 16 a Salt, se van a encontrar con Ali, sus amigos y sus familias y un centenar de bomberos de la Generalitat dispuestos a impedírselos, junto a personas y entidades solidarias y muchos miembros de la PAH venidos de otras comarcas catalanas. La plataforma está pensando en contratar autobuses para el desplazamiento. El objetivo es forzar al Gobierno catalán a intervenir. "Es una oportunidad para toda la vivienda. El de la Sareb y el de la PAH son dos modelos contrapuestos. Se trata de que den uso social a los pisos y que no los vendan a especuladores", afirman.  

La resistencia física empezará el día anterior, cuando se ha invitado a distintas personalidades del mundo político, social y cultural a acudir a Salt y participar en una jornada festiva y reivindicativa con charlas y conciertos. Tras pasar la noche en un bloque adyacente, un cordón "humanitario y social" prevé rodear el edificio desde primera hora del alba y esperar a que llegue la policía. Ante tantas muestras de solidaridad (en Twitter se expresan a través de la etiqueta #PAHvsSareb y #BlocSalt), Bushra dice que se siente "un poco" optimista. Miriam, activista de la PAH y otra de las personas realojadas en el bloc de Salt, afirma que el estado de ánimo "está a tope". "Queremos parlarlo todo. Es una lucha por la vivienda y el alquiler social para todo el mundo".