BURGOS.- Efectivos del Seprona de la Guardia Civil de Burgos ha imputado a un rehalero de Soria con iniciales J.A.D.L, de 51 años, como presunto autor de un delito de maltrato animal relacionado con la muerte por asfixia de dos perros de caza que portaba hacinados en un remolque, según informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos se produjeron durante el pasado mes de octubre, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento, gracias a la colaboración ciudadana, del hallazgo de dos perros de caza muertos en un paraje en La Ribera, en la provincia de Burgos.

El Seprona reconoció el terreno y verificó los hechos denunciados tras localizar los cadáveres de dos animales de raza podenca cruzada, ejemplares adultos de unos cuarenta y cinco kilogramos de peso. Inspeccionados los cuerpos, a simple vista no se encontraron indicios de muerte por arma de fuego, carecían de heridas, lesiones e indicios de envenenamiento.

Ante ello, los agentes abrieron una investigación, en la cual se comprobó que los animales portaban el microchip en el cuerpo, lo que permitió identificar al propietario.

Las pesquisas siguientes ratificaron que el citado propietario figuraba de alta como rehalero, dedicando sus perros a la práctica de la caza mayor, y que en esas fechas se había llevado a cabo una cacería colectiva en la zona en la cual había participado el ahora imputado con sus perros.

Se realizaron entonces múltiples gestiones tendentes a verificar la acreditación para realizar tal actividad, permisos, seguros, licencias y autorizaciones, sanidad animal, condiciones de transporte de los canes o características del medio de transporte utilizado.

Toda la documentación del núcleo zoológico, enclavado en la provincia de Soria, así como la de los propios canes estaba en regla.

El resultado de la investigación ha permitido conocer que en aquella fecha J.A.D.L. trasladó su rehala hasta el municipio donde tuvo lugar la cacería, así como que los animales encontrados muertos fallecieron en el interior del remolque por asfixia (por aplastamiento del cuello, según consta en el informe veterinario emitido).

Los cuerpos fueron abandonados en el paraje donde se encontraron más tarde, infringiendo el protocolo establecido para la retirada y depósito de animales muertos, cuya baja no fue notificada.

Las conclusiones finales indican que se transportaban más animales de lo aconsejable para las dimensiones y capacidad del habitáculo destinado a tal fin, por lo que se le imputa un delito de maltrato animal.

Adicionalmente a las diligencias instruidas, que serán entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Aranda de Duero (Burgos), se han confeccionado diversas denuncias administrativas en materia de Sanidad (abandono de cadáveres) enviadas al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Burgos.