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La patronal mantiene una red de asociaciones para captar ayudas

Miles de abogados, técnicos, secretarias y profesores viven del entramado de más de 5.000 agrupaciones que dependen de la CEOE

ANA TUDELA

La llamada Ley Sindical quedará especialmente grabada en la memoria colectiva como la que dio pie en 1977 a la legalización de CCOO o UGT. Sin embargo, al amparo de la misma, al otro lado de las fotografiadas ramas del sindicalismo de los trabajadores, surgieron las raíces del asociacionismo empresarial. El pistoletazo legal tuvo el mismo efecto inmediato. El acta de constitución de la CEOE, entregado el 29 de junio de 1977, ya iba firmada por 27 patronales (13 territoriales y el resto sectoriales). Al calor de las subvenciones para formación y tras más de tres décadas, las raíces se han bifurcado, subdividido y entrecruzado hasta perderse en unas 5.000 agrupaciones cuyo número exacto no conoce ni la propia CEOE.

Su división mantiene una estructura básica, la misma que las ayudas públicas para la formación: hay patronales sectoriales que funcionan a nivel nacional y patronales regionales. ¿A qué se dedican, qué estructura tienen, qué hacen sus 35.000 empleados? Desde el Gremio de Curtidores de Igualada a la gigantesca Confemetal, desde las que cuentan con una secretaria como única trabajadora a las que replican la estructura de una empresa mediana, todas negocian los convenios colectivos y gestionan los fondos de formación (entre otras subvenciones) que reciben. Luego, desde la labor de lobby de las más grandes, a la asesoría en materia laboral o fiscal a pymes, pasando por servicios conjuntos para los socios, como la depuradora común de los curtidores de Igualada, cada una defiende la relevancia de su función.

Por cada autonomía existe otra patronal que reúne a tantas subpatronales como provincias

No hay duplicidades, aseguran todas las consultadas. Está plenamente justificado que Confemetal, por ejemplo, una de las agrupaciones más fuertes de la CEOE, esté formada a su vez por 15 asociaciones nacionales y 68 regionales. Y que dentro de estas, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), por ejemplo, esté formada por otras nueve agrupaciones (Asociación Gallega de Industriales de Ferralla, Asociación Empresarial Gallega de Ascensores...) y la Confederación de Empresas de Albacete (FEDA), por otras 100. Y que dentro de las 83 patronales (15 nacionales y 68 regionales) reunidas en la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), se incluyan agrupaciones que, como Ancop (Agrupación Nacional de Contratistas de Obras Públicas), reúne a otras 12 patronales más 11 empresas con representación directa. Por cada autonomía existe otra patronal que reúne a tantas subpatronales como provincias, y estas se dividen por subsectores, municipios, etc.

Llegar a asociaciones que estén integradas por empresas (y no por otras asociaciones de menor tamaño) no siempre es fácil. Las excepciones pertenecen a sectores tan poderosos como el sector eléctrico (Unesa), la banca (AEB) y las cajas (CECA), la tecnología (Ametic), la distribución (Anged) o los fabricantes de automóviles (Anfac).

Los fondos estatales destinados a formación que adjudica la Fundación Tripartita a las patronales ascienden a 178 millones de euros. A través de las autonomías disponen de otra cantidad similar, aunque en este caso el reparto no es muy transparente.

Las subvenciones van desde los 20.000 euros al año para formación que recibe la Asociación de Profesionales de España en Cerrajería y Seguridad (Apecs) a los más de 20 millones de euros que reciben las patronales de la Confederación Española del Comercio, el Metal y la Construcción.

Las ayudas van desde 20.000 euros a 20 millones según el tamaño

La actividad ordinaria (al margen de la formación) de todas las patronales se nutre sobre todo de las cuotas de los socios, que también financian la sede o sedes que casi todas tienen en propiedad.

Apecs, por ejemplo, tiene sede propia a pesar de contar con una secretaria (con un sueldo de unos 15.000 euros al año) como única empleada. Las labores de asesoramiento a sus 90 asociados (todos empresas directamente) las tiene subcontratadas con una asesoría. Los cinco miembros de la junta directiva no cobran salario. Sólo les cubren las dietas, algo también común en las patronales, desde la junta de la CEOE hasta las más pequeñas. Apecs recibe entre 12.000 y 20.000 euros al año de fondos de formación, además de 100.000 euros del Plan Avanza de adaptación a nuevas tecnologías del Ministerio de Industria.

Muy diferente en tamaño es la Federación de Empresarios del Metal de Las Palmas (Femepa), que agrupa a 38 asociaciones, desde los talleres de reparación de automóviles (más de 400 empresas) a las empresas de muebles de oficina (8). Tiene empleadas a 14 personas (un abogado laboralista y otro mercantil y tres ingenieros técnicos que cobran una media de 30.000 euros al año, y el resto, administrativos con un sueldo de unos 15.000 euros). Con los profesores llegan a sumar 40 trabajadores.

Algunas patronales cuentan con un único empleado

La sede es en propiedad, comprada hace 27 años, parte con las cuotas y parte con bonos vendidos a los socios. El volumen de subvenciones para formación ha sido este año de 800.000 euros. Femepa no sólo está en Confemetal, sino también en la Confederación Canaria de Empresarios.

La Federación Española de Hostelería (FEHR), sectorial que opera a nivel nacional y agrupa a otras 75 patronales, tiene 22 empleados con un sueldo medio de 30.000 euros. Doce de ellos trabajan en el departamento de formación, fin para el que recibe 7,7 millones. Además de al menos una asociación por provincia, la FEHR incluye agrupaciones de subsectores como Fehrcarem, que agrupa a 23 empresas (VIPS, McDonalds, Ikea, Arias, Ribs o Telepizza...).

Fehrcarem tiene cuatro empleados (un abogado, uno para marketing, uno para asuntos internacionales y el secretario general), con un sueldo medio de 25.000 euros al año. Comparte sede con la FEHR, y ha recibido cerca de 200.000 euros para formación este año y fondos del Plan Avanza. Además, cuenta con convenios con otros ministerios como el de Sanidad, que derivó en la salida de Burger King de Fehrcarem ante la amenaza de la entonces ministra de Sanidad y hoy vicepresidenta económica, Elena Salgado, de anular las ayudas si se seguía promocionando el consumo excesivo de comida.

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