Pekín no está dispuesto a poner en peligro sus intereses económicos en África a ningún precio. El Gobierno chino protestó ayer ante la orden de arresto decretada por el Tribunal de la Haya contra el presidente sudanés, Omar Hassan Bashir, acusado de crímenes de guerra y abusos contra la humanidad vinculados al genocidio de Darfur.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores, China exige al Consejo de Seguridad de la ONU que interceda para que se retiren los cargos dictados contra Bashir, alegando que su detención no ayudará a mejorar el proceso de paz en Darfur.

Como miembro permanente del Consejo de Seguridad, China tiene derecho a vetar cualquier resolución que adopten las potencias occidentales, que han apoyado la decisión del Tribunal.

"China se opone a cualquier acción que pueda interferir en el proceso de paz en Darfur", dice el comunicado. China se une a la posición de los países de la Unión Africana y la Liga Árabe, que defienden que la sentencia sobre Bashir sólo servirá para desestabilizar el sur de Sudán, una región rica en petróleo.

El gigante asiático es uno de los principales socios comerciales de Sudán, que vende dos terceras partes de sus reservas de petróleo a China a cambio de manufacturas baratas e inversiones en infraestructuras.

China también ha sido acusada de vender armas a Sudán, utilizadas en el genocidio de Darfur, aunque el gigante asiático ha enviado soldados a las fuerzas de paz de la ONU en Darfur, donde han muerto 300.000 personas desde 2003, según Naciones Unidas.