Todo parece indicar que al final la mayoría de los altos cargos de cajas de ahorro que reclaman sus escandalosas indemnizaciones pueden terminar saliéndose con la suya. "Si han pasado por los consejos de administración y son legales, no habrá vuelta atrás, irán a los juzgados y ganarán", vaticina el catedrático Luis García Montalvo. La historia reciente de las cajas españolas parece darle la razón.

En 2001, el entonces presidente de la cordobesa Cajasur, el sacerdote Miguel Castillejo, también se autoconcedió una pensión vitalicia que asombró y escandalizó a la opinión pública. Una póliza de 2,9 millones de euros que le garantizaba seguir cobrando de por vida la remuneración anual que en cada momento cobrara el director general de la entidad (210.000 euros en aquel entonces). Incluso hasta después de su muerte, ya que sus cuatro hermanas seguirán cobrándola hasta que la última de ellas abandone definitivamente este mundo.

La Junta de Andalucía emitió una resolución declarándola ilegal. Tras mucho tira y afloja entre la Junta y el entonces obispo de Córdoba, monseñor Asenjo, el asunto quedó en manos de los tribunales.

En 2006, el TSJA falló a favor del cura y lo hizo mediante una sentencia firme sin posibilidad de recurso en la que afirmaba que la póliza vitalicia cumplía con la legalidad en el momento de ser suscrita por Cajasur. Ajenos a la crisis, el cura y sus hermanas siguen disfrutando de su dorado retiro.