Cuatro años después de que su lucha contra el Plan Hidrológico Nacional del PP consiguiera derogar el trasvase del Ebro hacia el levante español, los miembros de la Plataforma en Defensa de l'Ebre desempolvan carteles y eslóganes para protestar contra el ejecutivo de José Montilla. El discurso es el mismo, pero la situación ha cambiado fruto de la esquizofrenia política del país: los enemigos de ahora -PSC, ICV y ERC- son los amigos de entonces.

Tanto es así que el conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, anuló su visita a Tortosa el pasado viernes para evitar toparse con la primera movilización convocada por la plataforma contra un político del tripartito. Le habían preparado el mismo recibimiento del que ya fueron víctimas el ministro socialista Josep Borrell, los populares Elvira González, Jaume Matas o Josep Piqué o el propio presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, entonces aliado de Aznar. El grito de guerra -"no queremos nunca más un gobierno trasvasista", fue una de las referencias de la campaña que acabó a finales del 2003 con 23 años de gobierno de CiU.

El agua en los programas

Contra el proyecto del PP, la plataforma llegó a sumar hasta 70.000 ebrenses en un acto masivo en Bruselas. Ésta y otras movilizaciones estaban apoyadas por socialistas, ecosocialistas y republicanos, partidos que incluyeron el debate hídrico en sus programas y que llegaron a firmar el Compromís per l'Ebre, aún vigente, por el cual se rechazaban cualquier trasvase del Ebro, sino la interconexión del minitrasvase que lleva agua desde el Ebro hacia Tarragona con el sistema hídrico Ter-Llobregat que alimenta el área metropolitana. Curiosamente, esta alternativa se dibuja como una de las más factibles a ser consensuadas este lunes entre socialistas y convergentes y cuenta con el apoyo entusiasta de la comunidad de regantes de la derecha del Ebro y con el más matizado de los de la izquierda.

Ambas entidades hicieron posible en 1981 el ministrasvase a Tarragona, que dio alas a su despegue económico con el complejo petroquímico y Port Aventura. La decisión de los regantes fue vista como una traición por el movimiento ebrense porque, a cambio, las únicas inversiones que recibió el sur de Catalunya fueron centrales nucleares, térmicas y casi ninguna infraestructura. La impresión de abandono respecto al centralismo de Madrid y Barcelona se resume en los 10 años que tardó el Govern convergente en acabar la autovía de 10 kilómetros entre Tortosa y l'Aldea. Ése es el debate oculto bajo la reivindicación antitrasvasista: la de llevar agua para generar riqueza donde no la hay, y no desviar el río a zonas desarrolladas.

La plataforma, debilitada en los últimos cuatro años por una escisión pero aún liderada por Manolo Tomàs, ha organizado una asamblea general para el próximo día 19 en Tortosa para decidir el camino a seguir. Pero nada será como antes: la apelación a la "emergencia nacional" de Montilla ha hecho calar la imagen de que oponerse a la captación de agua del Segre es una muestra de insolidaridad. Los socialistas se han distanciado de un movimiento que ven cercano a los republicanos, los más movilizados contra la nueva propuesta de trasvase, y los ecosocialistas del territorio no están dispuestos a apoyar a la plataforma si no reconoce antes los avances logrados por ICV desde Medio Ambiente en pos de la Nueva Cultura del Agua.