El SMI en la Unión Europea: de los 551 euros de Bulgaria a los 2.704 de Luxemburgo

Entre un 3,1% y un 4,7%. Es el rango para la próxima subida del SMI que puso sobre la mesa hace apenas un par de semanas, el pasado 12 de diciembre, la comisión de expertos nombrada por el Ministerio de Trabajo. Un reajuste del piso salarial que se propone alcanzar el 60% del salario medio neto en España, en base a los datos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2022. Pero, ¿qué criterio decidirá si la institución que dirige Yolanda Díaz se decanta por un porcentaje u otro? El IRPF.

Si el SMI, como hasta ahora, no tributa, el alza se quedará en ese 3,1%: 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas (17.094 euros al año). Si, por el contrario, sus perceptores empezaran a aportar al IRPF, la subida sería mayor, hasta el 4,7%: 1.240 euros mensuales (17.360 euros al año). A priori, el Gobierno se estaría decantando por la primera opción. Con Hacienda barajando la posibilidad de ampliar la deducción del IRPF, que actualmente se encuentra en los 340 euros anuales, hasta el entorno de los 600 euros. De esta forma, los perceptores del futuro SMI no llegarían a tributar.

Número arriba o abajo, las cifras siguen, en cualquier caso, bastante alejadas de la propuesta inicial de los sindicatos. Y es que tanto UGT como CCOO defendían, en un primer momento, un crecimiento del 7,5%. En el lado opuesto de la negociación se situó, en seguida, la patronal. Cepyme y CEOE optaban por un ligero aumento, aunque "innecesario", del 1,5%. Por debajo de la subida galopante de la inflación, un 2,7% de promedio en el último año. 

Un baile de números y porcentajes que, por el momento, no ha llevado a una resolución clara. Con la patronal ya fuera de las conversaciones, el Gobierno prorrogaba el martes 23 de diciembre, durante el último Consejo de Ministros, el SMI de 2025, a la espera de un acuerdo bipartito con los agentes sociales. Eso sí, apuntan desde Trabajo, una vez se pacte la subida para 2026, la nueva cuantía entrará en vigor con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Para que el retraso de la subida afecte lo menos posible al poder adquisitivo de los trabajadores. Sobre cuándo se alcanzará dicho acuerdo, desde el ministerio se limitan a situar la próxima reunión a principios de enero, a la vuelta del parón navideño. Un encuentro en el que los sindicatos se comprometen a trabajar para alcanzar la resolución "más favorable posible" para la mayoría social.

No es una cuestión solo de porcentajes. Las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores, los famosos pluses salariales, son otra de las líneas rojas en las que ninguna de las partes —sindicatos y patronal— está dispuesta a ceder. "En muchas empresas, lo que se ha producido en los últimos años es una disminución de esos complementos en el mismo porcentaje en que se incrementaba el SMI", advierten a Público desde los sindicatos. De manera que, en la práctica, los salarios de muchos trabajadores se han estancado. Una forma de "neutralizar" las sucesivas subidas salariales que "lastra la capacidad adquisitiva" de esos cerca de 2,4 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo en España. 

¿El resultado? "Pese a que los salarios medios están subiendo, están subiendo menos de lo que suponen los costes para las familias en materias como la vivienda, la sanidad, los productos básicos, la enseñanza universitaria o la propia formación profesional", denuncian, en este sentido, voces de CCOO. Motivo por el que van a poner "toda la carne en el asador" para conseguir una subida digna, así como una regulación efectiva de los pluses que la "blinde legalmente". Trabajo se ha puesto manos a la obra, sacando a consulta pública la tramitación de una norma para evitar este tipo de "trampas" de las empresas. Por su parte, la patronal ya ha advertido de que llevará ante los juzgados la medida, que el ministerio aprobará previsiblemente a través de un decreto. En otras palabras, sin someterlo a la voluntad parlamentaria.

No es el único reto pendiente de Trabajo para 2026. Continúan las negociaciones con los sindicatos, después de otro portazo de la patronal, para acordar la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Una actualización de la norma que pone el foco de la salud laboral en la prevención. Atendiendo a factores como la salud mental, la perspectiva de género y edad, los efectos de la hiperconectividad y del clima y las condiciones ambientales. Un desafío más: la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas pactadas con los agentes sociales. Un recorte horario que el Congreso tumbó a principios de septiembre, con los votos en contra de Junts, PP y Vox.

Una Europa a tres velocidades

Con todo, la subida del SMI sigue siendo el plato fuerte del cambio de año. Una medida que lleva tiempo convertida en la bandera del Gobierno de coalición. Un 61%. Es el porcentaje en el que se ha incrementado el SMI en España desde 2018, año en el que Pedro Sánchez entró en la Moncloa. De 736 a 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas. Algo más, 1,381€, si lo contamos en 12 pagas, el estándar europeo. Una subida considerable, que ha colocado a España en la franja intermedia de los países de la UE. Por debajo de sus vecinos del norte, como Francia o Alemania, pero liderando el resto del área mediterránea y por encima de los países del este de Europa, con los salarios más bajos de la unión. 

En el último análisis de Eurostat, presentado a principios de julio de 2025, 22 de los 27 Estados que componen la UE disponían de un SMI establecido por ley. Una cuantía que varía enormemente de un extremo al otro del mapa europeo, desde los 551€ de Bulgaria a los 2.704€ de Luxemburgo. En base a estas diferencias, la oficina estadística europea divide a los países en tres categorías: por debajo de los 1.000€, entre los 1.000 y los 1.500€ y por encima de los 1.500€. A la cola se quedarían la propia Bulgaria, Hungría (727€), Letonia (740€) y Rumanía (797€). En mitad de tabla, se sitúan países como Grecia (1,027€1,027), Portugal (€1,015) o Polonia (1,100€), con España a la cabeza. Finalmente, en el grupo con un SMI más alto, estarían algunos de los países con mejor nivel de vida del continente europeo, como Alemania (2,161€), Países Bajos (2,246€) o Irlanda (2,282€). También uno de nuestros vecinos más cercanos, geográfica y culturalmente: Francia (1,802€). El único país del grupo que baja de los 2.000 euros.

Francia es, además, el Estado miembro de la UE donde menos se ha incrementado, en promedio, el suelo salarial durante la última década: un escaso 2,1% anual. En el otro extremo, con las subidas más altas, se encuentran Rumanía (13%), Lituania (12,3%), y Bulgaria (11%), que, a pesar de ser el país con el SMI más bajo, ha prácticamente triplicado la cifra de 2015, 184 euros. España vuelve a colocarse a mitad de tabla, con un 6,2%. Eso sí, concentrando las mayores subidas en los últimos siete años, con los sucesivos gobiernos de coalición.

Europa no es solo la UE. Por eso, Eurostat incluye los datos del SMI de otros siete países del entorno europeo, que dan cuenta de la situación en el resto del continente: Montenegro (670€), Moldavia (285€), Macedonia del Norte (584€), Albania (408€), Serbia (618€), Turquía (558€) y Ucrania (164€).

Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia e Italia: los países sin SMI

No todos los países de la UE tienen un SMI establecido por ley. Austria, varios países nórdicos —Dinamarca, Finlandia, Suecia— e incluso uno de nuestros vecinos mediterráneos, Italia, no disponen de este instrumento. ¿Qué mínimo se toma como referencia en el contexto de una negociación salarial? "En el caso de los países nórdicos, la afiliación sindical de los trabajadores es tan alta que todo funciona por convenios sectoriales", explica Miguel Ángel Ortíz, economista y profesor en CUNEF Universidad. Esto es, no hay un salario mínimo unificado, pero sí un salario mínimo por sector. "Además", continúa el docente, "las organizaciones obreras intrasectoriales están muy coordinadas unas con otras para que los trabajadores de, por ejemplo, el sector del metal no salgan perjudicados con respecto a los del sector eléctrico o a los del sector servicios". Un tejido sindical que no ha necesitado del arbitrio gubernamental para defender sus intereses frente al sector empresarial.

Italia es, en origen, un caso parecido. "La Constitución italiana ya blinda, en su artículo 36, el derecho fundamental a un salario digno y suficiente, aunque sin establecer cuantías", explica Ortiz. Una tarea que recae, de nuevo, en los convenios sectoriales. En el caso italiano, los Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). "Hasta los años 90, con la caída de la URSS, los sindicatos y, sobre todo, el Partido Comunista Italiano tenían mucha capacidad de movilización y los convenios colectivos al estilo de los países nórdicos eran efectivos", continúa el economista. Ya no ocurre así. "Los niveles de afiliación de los trabajadores han bajado mucho. Como consecuencia, el otro lado de la mesa de negociación está empezando a ganar la partida", advierte el docente. ¿El resultado? Salarios estancados durante años y su consecuente pérdida de poder adquisitivo de las familias italianas.