El Gobierno cierra 2025 con más leyes y decretos aprobados que en 2024 pero con derrotas duras como la reducción de jornada

El ritmo legislativo del actual Gobierno de coalición es bajo si se lo compara con el desplegado por el de otras legislaturas, empezando por la inmediatamente anterior. PSOE y Sumar han logrado sacar adelante esta legislatura 52 leyes y reales decretos-ley. Sin ir más lejos, el anterior gobierno —PSOE y Unidas Podemos— aprobó 65 solo en 2021. En la primera mitad de la legislatura, que correspondería al punto en el que se encuentra la actual, acumulaba 119. Esa gran distancia entre ambos es consecuencia de tener que pactar con partidos como Junts, que se mueve en unas coordenadas políticas muchas veces opuestas a las del Gobierno, o no tener que hacerlo. De todas formas, PSOE y Sumar han mejorado algo los números en 2025 con respecto a 2024.

La tarea legislativa ha sido, eso sí, igual de complicada este año que el anterior y es cierto, además, que los últimos compases de 2025 han generado un escenario todavía más complejo de cara a 2026. Junts per Catalunya, el partido del bloque de investidura con una relación más difícil con el PSOE, decidió romper con el Gobierno a principios de noviembre con un anuncio en el que aseguraron que condenarán la legislatura al bloqueo. Está por ver si los guiños que ha lanzado el Gobierno a los de Puigdemont últimamente tienen algún efecto y aquel anuncio de noviembre queda en nada o si los posconvergentes materializan su amenaza.

Fuera como fuere, este año se han aprobado en el Congreso 13 leyes y 14 reales decretos-ley. 27 iniciativas legislativas en total por las 25 de 2024, contando entre estas últimas una reforma constitucional, la del artículo 49 de la Carta Magna, y dos reales decretos-leyes diseñados en 2023 que terminaron recibiendo su convalidación en el Congreso en el primer pleno de 2024.

Por otra parte, otras 11 proposiciones de ley de PSOE o Sumar —los dos partidos del Gobierno— han sido admitidas a trámite en 2025 en una primera votación en la Cámara Baja, pero se encuentran todavía navegando por la tramitación parlamentaria. Han tenido lugar, por otro lado, ocho derrotas duras de carácter legislativo en el Pleno del Congreso.

Normas aprobadas

En cuanto a las leyes aprobadas, destacan por encima del resto la ley de eficiencia en la Justicia, que elimina duplicidades en el sistema judicial y lo dota de más tecnología; la de movilidad sostenible, que obliga a las empresas grandes a diseñar planes de movilidad para sus trabajadores o refuerza la movilidad eléctrica; una reforma para disolver asociaciones franquistas o la ley de atención a la clientela, que cuenta entre sus medidas con la prohibición de las llamadas spam o la reducción del tiempo de espera en la atención al cliente.

También se han aprobado la ley de prevención del desperdicio alimentario, la regulación para que la incapacidad permanente ya no extinga automáticamente los contratos laborales, se ha modificado el concierto vasco, se ha aprobado un convenio económico entre el Estado y Navarra, una ley sobre navegación aérea o la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública.

En el apartado de los decretos, que el Gobierno aprueba y el Congreso tiene que convalidar, han salido adelante algunos como el del Verano Joven; ayudas para las víctimas de la DANA o el volcán de La Palma; otro decreto que ha servido para poner en marcha la ley ELA; otro con medidas urgentes contra el genocidio en Gaza; subvenciones para la movilidad eléctrica o una nueva regulación para la acogida de niños y niñas migrantes.

Y hay leyes, como se indicó más arriba, que han entrado en 2025 en el Congreso propuestas por PSOE y Sumar y que todavía no han superado todas las fases de la tramitación parlamentaria. Cuando una ley llega directamente desde el Gobierno (proyecto de ley) no tiene que ser admitida a trámite, es decir, pasa directamente a ser trabajada en comisión. Pero cuando es un grupo parlamentario el proponente (proposición de ley), aunque sea alguno de los que apoyan al Gobierno, sí tienen que hacerlo. Es el caso de más de una decena de propuestas que han recibido un voto mayoritario y que, por lo tanto, han podido superar esa primera prueba parlamentaria, pero cuyo futuro es por el momento una incógnita.

Entre ellas se encuentra una de las leyes más relevantes de Sumar en esta legislatura y que, por cierto, enfrenta al espacio que lidera Yolanda Díaz con su socio en el Gobierno. Se trata de la ley para dar la nacionalidad a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental bajo la Administración española. Lleva un año bloqueada. Tampoco han recibido por el momento el visto bueno la ley para rebajar la tasa de alcohol en la conducción, otra norma para penalizar las terapias de conversión sexual u otra que busca regular el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

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Todas ellas son normas que el Gobierno —o, por separado, PSOE o Sumar— tratará de sacar adelante en 2026, tal y como hará con los proyectos de ley que han llegado y llegarán desde el Consejo de Ministros.

Derrotas duras y ni rastro de los Presupuestos

2025 ha sido también un año en el que el Gobierno ha tenido que encajar golpes parlamentarios relevantes. Hay dos que pueden calificarse como los más delicados, aunque por razones distintas. Por un lado, Yolanda Díaz vio cómo Junts per Catalunya unía sus fuerzas a PP y Vox para tumbar la que defendió como la medida estrella de Sumar esta legislatura, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Es cierto, en cualquier caso, que el Ministerio de Trabajo endurecerá el registro horario (una de las medidas que llevaba la ley) a través de una tipología de decreto que no necesita pasar por el Congreso.

Por otra parte, una mayoría conformada en este caso por PP, Vox, Podemos, UPN y los diputados de Sumar Alberto Ibáñez y Jorge Pueyo desbarató los planes del PSOE de ceder las competencias migratorias a Catalunya, una exigencia de Junts. A la postre, se ha demostrado que esta derrota tuvo una importancia específica muy alta, habida cuenta de que fue una de las razones que esgrimieron los de Puigdemont para justificar su ruptura con el Gobierno.

Además, también han decaído iniciativas como el decreto para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón del 28 de abril, una propuesta de Sumar para crear una oficina anticorrupción o la creación, en primera instancia, de la Agencia Estatal de Salud Pública, aunque al final volvió al Congreso y se aprobó.

En las últimas semanas, el PSOE también ha visto cómo el Congreso ha rechazado dos veces los objetivos de estabilidad presupuestaria. Es una señal inequívoca de lo difíciles que van a estar los Presupuestos Generales del Estado, toda vez que los objetivos de estabilidad son tradicionalmente el paso previo a su presentación. Desde el Ejecutivo deslizan que pueden llevar a la Cámara Baja un proyecto de cuentas públicas de todas formas, aunque está por ver si eso termina por ocurrir.

2025 termina, pero los problemas para el Gobierno van a seguir ahí. Por una parte, su debilidad parlamentaria se ha visto acentuada por la versión más esquiva de Junts y Podemos. Por otra, los casos de presunta corrupción vinculados al PSOE ocupan casi siempre más espacio en la prensa que la actividad del Ejecutivo. Además, el Me too desencadenado en las últimas semanas dentro de la formación enturbia todavía más la situación y es de esperar que el incipiente ciclo electoral, que comenzará con Extremadura y Aragón en diciembre de 2025 y febrero de 2026, agudice las diferencias entre los partidos dentro del Congreso y complique todavía más los acuerdos.