El polvo blanco que tiñó de luto la fábrica

Cuando sus maridos, hermanos y padres regresaban de la fábrica azucarera Ebro, de Toro (Zamora), sus monos de trabajo estaban totalmente empolvados de amianto, el mineral que provoca unas 1.100 muertes anuales en España por cáncer de pleura, pulmón y peritoneo, derivados de la inhalación.

El polvo se esparcía por toda la casa y lo aspiraban María José, Carmen, María Mercedes y María del Carmen, familiares de trabajadores fallecidos y encargadas de limpiar sus ropas de faena, "que eran un cuadro", recuerda Carmen. Las cuatro coincidieron ayer en la Jornada informativa sobre Amianto, en el Colegio de Abogados de Madrid.

El padre y el hermano de Carmen trabajaban en las turbinas, pero "reparaban, sin protección, lo que hiciese falta" en cualquier parte de la fábrica. Ambos han fallecido en los últimos años por la exposición al mineral, a las edades de 75 y 46, respectivamente. Al segundo, soldador, le diagnosticaron la enfermedad a raíz de la tartamudez que se inició cuando el cerebro empezó a sufrir daños. Murió cuatro meses después. Desde el diagnóstico del médico, la esperanza de vida oscila entre un día y 14 meses.

En total, las familias de los trabajadores de la azucarera han documentado la muerte de siete compañeros y la afección de otros dos. Todos trabajaban en mantenimiento.

El día antes del encuentro en Madrid, el bufete de abogados Oria, Peña, Pajares y Asociados presentó en los juzgados la denuncia de las familias. La fábrica, como miles de edificios de España, se construyó con amianto. Tuberías, suelos, placas de insonorización... el mineral estaba por todas partes y nadie alertó a los empleados del riesgo de manipular el amianto.

El socio del bufete, Román Oria, exige un fondo estatal de compensación "física y moral" similar al de otros países (Bélgica, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia u Holanda) para indemnizar a las familias. El de Francia es de 37.000 millones de euros, según el expresidente del Grupo de Trabajo amianto de la Comisión Europea, Ángel Carcoba. Las familias reclaman también un registro nacional de tumores por amianto y un seguimiento médico de posibles casos cada uno, tres o cinco años.

Entre 1975 y 2000, España importó tres millones de toneladas de este material, que destinó a la construcciónde edificios y barcos, en su mayoría. Carcoba calcula que estuvieron expuestos un mínimo de 240.000 trabajadores, sin contar a los vecinos de las fábricas.

Veinte años después de que Reino Unido prohibiese su utilización, España hizo lo propio en 2002. Los cánceres asociados tardan décadas en aparecer, y el millar de fallecidos anuales actuales aumentará hasta alcanzar su pico en el quinquenio 2020-2025, según los expertos. En total, la Comisión Europea calcula que morirán en España unas 50.000 personas hasta 2030.

Pese a los planes de retirada de amianto, el mineral sigue presente en hospitales, universidades, cines o estudios de radio y televisión.