"La gestión económico financiera desarrollada por la Gerencia de Atención Especializada (GAE) de Salamanca no se ajusta adecuadamente a los principios de buena gestión". No es una declaración del partido de la oposición ni de un sindicato. Se trata de la conclusión del Servicio de Control Financiero de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León tras auditar la gerencia de los cuatro hospitales que agrupa la GAE: el Clínico Universitario, el Virgen de la Vega, el de Los Montalvos, el de Béjar y el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo.

El informe advierte de "incumplimientos normativos, deficiencias en el control interno, retribuciones arbitrarias" y, lo más grave, "obligaciones pendientes de imputar por un importe de 188,2 millones de euros". Además de este agujero en las cuentas, la Consejería de Hacienda señala un sinfín de "prácticas contrarias a la normativa" como, por ejemplo, que "se contabilizan en el ejercicio gastos que corresponden a ejercicios futuros" o que "a 31 de diciembre de 2011 están pendientes de posicionar créditos para el pago de intereses de los ejercicios 2009, 2010 y 2011". Más concretamente, el informe señala que "la cuenta de existencias de farmacia no refleja correctamente el importe de las misma" o que "la cuenta de combustible presenta el mismo importe desde 2005". 

Además de descubrir que "durante el ejercicio 2011 se imputaron al presupuesto obligaciones de ejercicios anteriores", los auditores advierten también de que "en ninguna de las facturas analizadas figura la aprobación del gasto por el órgano competente". Este dato conecta con otra de las irregularidades cometidas por la GAE señalada también por la auditoría: "Durante gran parte del ejercicio 2011 se supera el importe máximo autorizado de efectivo en caja".

El informe de Hacienda denuncia que la documentación aportada por la GAE "no es fiable"

El informe sobre la gestión de la Atención Especializada de Salamanca no sólo señala deficiencias en lo que respecta a las finanzas, sino también en el área de personal. Los auditores señalan la falta de "supervisión de las tareas" y que "sigue sin implantarse ningún mecanismo de control de horario y asistencia". De hecho, el informe señala que la Consejería de Hacienda advirtió los mismos errores en años anteriores, pero "se siguen produciendo las mismas incidencias".

Según el documento, "trabajadores pertenecientes al colectivo de Personal Directivo figuran con nombramiento provisional", una práctica ilegal porque "no existe convocatoria para la ocupación de las plazas, eludiendo así los principios de publicidad y concurrencia". Los auditores denuncian que, para fijar importes de varias actividades, "existen acuerdos verbales" entre los propios trabajadores y, además, se han realizado "contratos eventuales a dos trabajadores por tiempo prolongado sin pasar por un proceso selectivo".

En el capítulo de gastos de personal se registran "pagos indebidos a personal Residente en Formación" y "retribuciones por actividades realizadas fuera de la jornada habitual". Además, se constata que "los gastos del ejercicio correspondientes a personal no están correctamente contabilizados" porque, entre otras irregularidades, "195 efectivos no están en el listado de nóminas y 112 personas están en el de nóminas y no forman parte del listado de efectivos".

El consejero de Sanidad niega el agujero contable de 188 millones de euros

A pesar de todo y aun habiendo detectado tantas ilegalidades, el informe advierte en sus primeras páginas que la documentación facilitada por la Gerencia "no se considera fiable", entre otras cosas porque "un 21,46% del gasto del ejercicio no está incluido en el listado de facturas". Además, en una nota al pie, los auditores señalan que la GAE no ha facilitado documentación relativa a gastos específicos, como limpieza, energía eléctrica, gas y gasóleo. Incluso detectan "grandes dificultades" del personal para extraer las facturas del sistema informático, "recurriendo algunas veces a personal ya jubilado para su obtención".

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio Sáez Aguado, consideró las irregularidades que refleja la auditoría de Hacienda como "errores". En su comparecencia en las Cortes el pasado 15 de setiembre, negó el "agujero contable" de 188 millones de euros porque "se trata de falta de crédito para hacer frente a unas facturas que al final no se han liquidado".