El Grupo Parlamentario Popular quiere prohibir las huelgas o medidas de conflicto colectivo de los trabajadores cuando "tengan por objeto alterar, durante su vigencia, lo pactado en un convenio colectivo". La propuesta, que implicaría cambiar el Estatuto de los Trabajadores, supondría en la práctica limitar el derecho de huelga, ya que equivale a prohibir una protesta sindical incluso cuando se negocia un nuevo convenio, si el anterior está todavía vigente. La petición del PP figura en una de las 71 enmiendas que ha presentado este partido al proyecto de ley de reforma laboral que actualmente tramita el Congreso. Su objetivo es "fortalecer" la flexibilidad interna en las empresas y el descuelgue de los convenios.

En otra enmienda, los populares rechazan que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), financiado con las cotizaciones que pagan las empresas a la Seguridad Social, abone ocho días por año de indemnización por despido (tanto del procedente de 20 días como del improcedente de 33 o de 45). Esta fórmula, que figura en el real decreto-ley de reforma laboral que aprobó el Gobierno en junio pasado (que será reemplazado por la norma que ahora se negocia en la Cámara Baja), busca reducir los costes del despido de las empresas sin alterar los derechos de los trabajadores. Como mucho, el PP sólo estaría dispuesto a que el Fogasa subvencione el despido si éste es procedente. Así lo ha pedido en otra enmienda.

Rechaza el despido subvencionado por el Fogasa y la jubilación a los 67

Los conservadores, que siempre se han negado a detallar cuál sería su propuesta de reforma laboral, se oponen a la polémica propuesta del Gobierno, remitida a la Comisión del Pacto de Toledo, de alargar la edad de jubilación hasta los 67 años, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos. El PP lo rechaza y sólo está dispuesto a que sea el trabajador el que decida, voluntariamente, si se jubila dos años más tarde.

En su afán por flexibilizar la contratación, los populares dedican varias enmiendas a reforzar el papel de las empresas de trabajo temporal (ETT), ampliado considerablemente en el decreto que el Gobierno aprobó en junio pasado.

Reclaman prácticas profesionales para «cualquier» puesto de trabajo

Entre otras cosas, el PP propone eliminar los importantes límites que actualmente existen a la utilización de las ETT por parte de la Administración pública. La ley de Contratos del Sector Público prohibe al Estado contratar los servicios de las ETT "salvo cuando se precise la puesta a disposición de personal con carácter eventual para la realización de encuestas, toma de datos y servicios análogos". El PP propone que el Estado pueda utilizarlas para cualquier actividad.

También en esa línea de "flexibilización", piden endurecer el supuesto de despido por absentismo que ya incluyó el Gobierno en su decreto; ampliar en un año (hasta cinco) el plazo máximo de los contratos por obra y servicio; que "cualquier puesto de trabajo" pueda ser objeto de un contrato en prácticas (ahora, deben determinarlo los convenios colectivos); y que, en las empresas que hayan efectuado reducciones de jornada o suspendido contratos por causas económicas (cuya casuística el PP reclama precisar) puedan realizarse horas extra en casos de "fuerza mayor" (ahora está prohibido).

Otro de los capítulos en los que más insiste el PP es el de las bonificaciones a las empresas, que, en la mayoría de los casos, pide aumentar respecto a lo que prevé el decreto en supuestos como la formación, la conversión de contratos temporales en indefinidos y la contratación de jóvenes parados de larga duración, independientemente de su formación.

En el ámbito de la negociación colectiva, un aspecto considerado "clave" en su momento por el PP y en el que, en su opinión, no profundizó el Gobierno, piden que los convenios puedan tener un ámbito diferente al sectorial, estatal o de la propia empresa (por ejemplo, para provincias especialmente castigadas).