"El Pacto de Toledo sigue gozando de una excelente salud y el consenso que le sirve de fundamento es muy sólido en su conjunto". Con esta taxativa afirmación los diputados miembros de la Comisión del Pacto de Toledo quisieron dejar este miércoles claro que el consenso político sigue siendo posible en un ámbito tan sensible como las pensiones, pese a la agria polémica que se ha generado en torno a la reforma del sistema en el último año.

Los casi 40 diputados que componen esta Comisión (aunque sólo los seis portavoces, junto con la mesa y el letrado han bregado durante dos años con el texto) se encontraron este miércoles en un Congreso vacío por las vacaciones navideñas, para votar la que será la hoja de ruta que el Ejecutivo debe utilizar para reformar las pensiones. Pasadas las dos de la tarde, decenas de manos, todas las de PP y las del PSOE junto con las de CiU y PNV, se alzaron para refrendar que el dictamen que ha escrito el Pacto de Toledo se envíe al pleno del Congreso, al Ejecutivo y a los agentes sociales para su plasmación en un proyecto de ley. (consulta el borrador, en formato Word)

Los sindicatos dan un ultimátum al Ejecutivo para que retire los 67 años

Sólo dos votos se opusieron al texto: el de la diputada de BNG, Olaia Fernández Dávila y el del diputado de IU, Gaspar Llamazares, que representaba con su voto también la posición de ERC. Los partidos minoritarios de izquierdas decidieron no apoyar este texto de cuya elaboración han sido partícipes, porque consideran que el Ejecutivo ya tiene redactada de antemano la reforma de las pensiones por lo que se convierte en un "acto fallido". En opinión de Llamazares, el Gobierno ya tiene tomadas sus decisiones que están: "afiladas como cuchillos y preparadas para dar el hachazo al sistema público de pensiones". En la anterior ronda del Pacto (2003), el voto de estas formaciones fue de abstención positiva.

Con todo, el consenso logrado por los principales partidos políticos alrededor de las recomendaciones para mejorar las pensiones supone un balón de oxígeno para el equipo de Zapatero, que prepara la reforma que verá la luz el próximo 28 de enero. El texto deja muchos resquicios abiertos para que el Ejecutivo introduzca ciertas decisiones amparándose en las recomendaciones del Congreso.

El proyecto de ley del Gobierno se presentará el 28 de enero

Incluso el capítulo dedicado a la reforma de las pensiones no termina de atar la cuestión de la subida de la edad legal de jubilación. El texto que debe tomar como base el Gobierno para elaborar su decisión habla en este capítulo de la necesidad "de incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación"; de que se debe "dar mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador"; y que se debe perseguir como objetivo "aumentar la edad real en la que los trabajadores abandonan el mercado de trabajo". Ninguna mención expresa a que la edad legal de jubilación debe permanecer en los 65 años, ni todo lo contrario. Los diputados sólo han logrado introducir una coletilla que "constata" que no se ha alcanzado un acuerdo en esta materia.

Por este motivo, el portavoz del Partido Popular, Tomás Burgos, anunció que su formación presentaría un voto particular durante el pleno del 25 de enero que votará de nuevo el documento. "No es un voto contra la recomendación concreta y sus contenidos aclaró Burgos es un voto de reafirmación en la conveniencia de mantener la edad legal de jubilación en 65 años". En cualquier caso, este voto particular está muerto antes de nacer, ya que no cuenta con la mayoría parlamentaria suficiente para ser incorporado en el texto final, y el Gobierno no tendrá obligación de tomarlo en cuenta.

Antes de la votación, la portavoz socialista, Isabel López i Chamosa, se reafirmó en que el PSOE sigue siendo partidario de subir la edad legal a 67 años. Las recientes declaraciones del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, indican que el Ejecutivo también conserva esta meta. No obstante, existe la posibilidad de que se actúe sólo sobre el número de años mínimos necesarios para conseguir la pensión completa por encima de los 35 actuales, lo que subiría indirectamente la edad de retiro .

Los sindicatos rechazan esta posibilidad, pero sobre todo la de poner como edad legal los 67 años. Así, tanto CCOO como UGT le pidieron al Gobierno que retire su propuesta inmediatamente. CCOO anunció además que el próximo 11 de enero decidirá si convoca una huelga general contra esta iniciativa.