Casi 30.000 titulares de productos híbridos (preferentes y deuda subordinada) comercializados por las cajas de ahorros que hoy forman parte de Bankia no podrán recuperar su dinero mediante el procedimiento arbitral abierto por el Gobierno. Esa cifra, además, puede verse sustancialmente incrementada en las próximas semanas, porque hay otras 30.000 solicitudes sobre las que todavía debe pronunciarse KPMG, la entidad encargada de realizar la criba previa.

A los titulares de productos híbridos excluidos del arbitraje sólo les queda la opción de recurrir a los tribunales, donde apenan han llegado de momento 6.500 demandas, un volumen ridículo si se compara con la avalancha que se puede producir ahora. Las sentencias están siendo abrumadoramente contrarias a las entidades que comercializaron las preferentes y la deuda subordinada, pues hasta julio (última fecha de la que existen datos oficiales) sólo habían ganado 29 de los 625 casos resueltos.

A los 30.000 de Bankia hay que sumar 44.000 afectados de Novacaixagalicia que también han quedado fuera del procedimiento arbitral y, en consecuencia, tienen la posibilidad de acogerse a la vía judicial. De la tercera entidad nacionalizada, Catalunya Banc, no ha información reciente, aunque sí se sabe que el número de solicitudes presentadas ronda las 120.000, prácticamente igual que Novacaixagalicia, por lo que es bastante alta la probabilidad estadística de que también empate con ella en solicitudes desestimadas.

Si así fuera, en un espacio relativamente corto de tiempo, los tribunales podrían verse ante el reto de asumir no menos de 100.000 demandas de preferentistas a los que se les ha cerrado la puerta del arbitraje. Para hacerse una idea del colapso que eso puede provocar, basta un dato muy esclarecedor: durante 2012, todos los órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid produjeron poco más de 150.000 sentencias.

Aunque los fallos resultan casi siempre favorables a los demandantes, la vía judicial es lenta (no se ha resuelto ni un 10% de los casos) y cara, cosa importante teniendo en cuenta el perfil de los damnificados. Según datos facilitados a la Audiencia Nacional por la CNMV, un 98% de los suscriptores de la emisión de preferentes que Caja Madrid realizó en 2009, por ejemplo, eran familias, no inversores profesionales. Y en el resto de las entidades integradas en Bankia que lanzaron productos híbridos para capitalizarse el porcentaje no baja del 80%.

Según la comisión gubernamental encargada del seguimiento de este problema, hay cerca medio millón de personas inmersas de una u otra forma en el procedimiento de arbitraje, incluyendo aquellos que han cobrado ya (38.000 en el caso de Bankia). El importe total de sus reclamaciones sobrepasa los 6.500 millones de euros; es decir, más del 6% del PIB español.