De cada euro que los españoles pagamos por el recibo de la luz, apenas veinticinco céntimos corresponden al coste de generar la electricidad necesaria para el suministro. El resto es imputable a conceptos como el transporte, la distribución, la gestión comercial y los gravámenes que el Estado impone, cuyo peso sobre el total ronda el 50%. Uno de los elementos más perturbadores en los últimos años ha sido el llamado déficit de tarifa, que permite moderar la subida de los precios con criterios políticos, a cambio de encarecer la factura en el futuro. El déficit de tarifa, creado cuando Rodrigo Rato era vicepresidente económico, acumula ya 26.000 millones de euros y representa casi una décima parte del importe del recibo de la luz.

Para evitar que continuara creciendo, el Gobierno de Rajoy adoptó el año pasado una serie decisiones presupuestarias y fiscales, completadas en el último Consejo de Ministros con una reforma eléctrica que no ha contentado a nadie. En virtud de ella, el déficit de tarifa previsto para 2013 se va a reducir en 4.500 millones, que se suman a los 6.000 derivados de las medidas puestas en marcha en 2012. De esos 4.500 millones, 1.800 los vamos a pagar entre todos, ya sea en calidad de consumidores (900) como de contribuyentes (otros 900), y los 2.700 restantes correrán por cuenta de las compañías productoras, que verán reducida la retribución por sus redes de transporte y distribución y las primas a las renovables.

La modificación del régimen regulador de esas primas es uno de los elementos más controvertidos de la reforma, porque va a frenar la implantación de algunas energías alternativas y supone un quebranto para quienes invirtieron en ellas al calor de las fuertes subvenciones establecidas. Pero, según fuentes del sector, la situación actual es insostenible por el espectacular crecimiento que las renovables han tenido en nuestro país, pues no en vano hoy aportan 4.000 megavatios de potencia al sistema, cuando la previsión inicial eran 400. Las mismas fuentes atribuyen ese sobredimensionamiento a una legislación demasiado flexible y a la falta de controles suficientes para evitar el fraude, muy concentrado en las fotovoltáicas.

Las primas representan alrededor del 20% del recibo de la luz y se ha reclamado reiteradamente a los gobiernos que sean sufragadas a través de los Presupuestos, pues responden a una decisión política, independiente de la voluntad de los consumidores. Ni Zapatero en su momento ni Rajoy desde que llegó a La Moncloa han aceptado esa posibilidad, amparándose en el perjudicial impacto que tendría sobre el déficit público. Rajoy, en concreto, ha preferido cortar por lo sano y limitar las primas, a sabiendas de que podría meter al Estado español en una espiral de demandas, dado que los damnificados pueden alegar que así se vulneran los derechos que contrajeron al realizar sus inversiones.

Si a las compañías productoras no les ha gustado la reforma, y su evolución en Bolsa durante los últimos días es la mejor prueba de ello, tampoco los consumidores pueden estar satisfechos, toda vez que conlleva un aumento del precio de la electricidad del 3,2%, el segundo en lo que va de año. Desde que gobierna el PP, el recibo de la luz ha subido un 8%, lo que sitúa a España entre los países más caros de la Unión Europea, sólo precedido por Irlanda y Chipre, lo que no sólo supone un agravio para los ciudadanos, sino también un importante obstáculo para la competitividad, porque la energía es uno de los principales costes a los que deben hacer frente la inmensa mayoría de las empresas.