Este artículo se publicó hace 15 años.
¿Dónde están las pruebas de la parte valenciana del 'caso Gürtel'?
Ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ni el de Valencia saben dónde están las cajas
Las cajas con documentación relativa al caso Gürtel se encuentran en paradero desconocido, según informa el diario Levante. Las últimas informaciones que había de su paradero era que habían llegado a Valencia vía Madrid.
El auto incluía cajas con documentación sin investigar sobre supuestos regalos de la trama corrupta a altos cargos de la Generalitat y el Partido Popular. El instructor del caso Gürtel en el TSJ madrileño, Antonio Pedreira, señalaba en su auto de inhibición que existía una " íntima relación entre las conductas de quienes aparecen como donantes de los regalos y quienes aparecen como perceptores de los mismos".
Las cajas con pruebas llegaron a Valencia y se quedaron depositadas en el Palacio de Justicia a la espera de una resolución sobre los mismos en septiembre. Esas pruebas nunca se han llegado a abrir y estudiar por parte del tribunal presidido por Juan Luis de la Rúa.
Según informa el diario valenciano, ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ni el de Valencia saben ahora donde se encuentran las pruebas.
El pasado día 3 de septiembre, el instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, volvió a requerir a la Generalitat todos los contratos suscritos con Special Events y las otras empresas del entramado.
Según fuentes del TSJM, la petición de Pedreira obedece a la reiterada solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de tener acceso a esta información, que cree clave para conocer las actividades de estas sociedades, cuyo “ámbito de actuación es o era nacional”. Y, aunque el último requerimiento a la Generalitat se hizo el mismo día que se archivó el caso en Valencia, es totalmente independiente de la decisión adoptada por el tribunal que preside De la Rúa, cuya relación con Camps fue definida por este como superior a lo que implica “la palabra amistad”.
Fuentes jurídicas indicaron a Público que, ante la falta de respuesta de la Generalitat a los requerimientos judiciales, la propia Fiscalía optó por tratar de obtener ella misma los datos. Pero sólo le fueron facilitados los contratos posteriores a 2005.
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