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El PSM pide al juez que paralice la privatización sanitaria en Madrid

Los socialistas madrileños centran su acusación en la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad por supuesta prevaricación en la adjudicación de los contratos

ANNA FLOTATS

El Partido Socialista de Madrid (PSM) ha presentado una querella contra la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, por la privatización de la sanidad madrileña y ha pedido al juez que paralice el proceso. La denuncia está interpuesta en la misma causa judicial abierta por una querella a la cúpula de la sanidad madrileña que formalizó la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (AFEM) y que el juez admitió a trámite el pasado 21 de junio.

Esta última querella se dirigió también contra los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad; el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa.

El PSM reclama al juez que le tome declaración a Patricia Flores como imputada por supuestos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios en relación al concurso que ha adjudicado a tres empresas la gestión de seis hospitales madrileños. Flores ha dictado, dice la querella, una "resolución arbitraria que modifica a favor de las empresas licitadoras las condiciones del pliego". Esa resolución, "abiertamente contraria a Derecho" según los socialistas, fue publicada el 3 de julio, "sólo cuatro días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas" e "introduce la palabra anual en la cláusula 33.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares".

Hasta ese momento, sigue la querella, el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares establecía, en la cláusula 32 relativa a la garantía definitiva que: "Los que resulten adjudicatarios provisionales deberán presentar resguardo acreditativo de haber constituido una garantía definitiva a disposición del órgano de contratación por una cantidad equivalente a un cinco por ciento (5 %) del importe de adjudicación del contrato". El PSM denuncia que "la introducción de la palabra anual en el importe de la adjudicación ni es baladí ni por supuesto es una corrección de errores sino un auténtico privilegio en contra de los derechos de la Administración que es concedida por la querellada señora Flores García". 

Por ese motivo, los socialistas madrileños reclaman que se ordene a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la "suspensión cautelar del procedimiento" de privatización. Eso es, parar los contratos administrativos de concesión con las empresas que han resultado adjudicatarias (HIMA San Pablo, Sanitas y Ribera Salud) "hasta que, y tras la declaración de la querellada (que ha dictado el acto presuntamente prevaricador), se proceda al levantamiento o mantenimiento de la medida".

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