El PSOE ha instado este lunes al Gobierno a negociar de forma conjunta una nueva ley para evitar los desahucios y a aprobarla "urgentemente" en el Congreso de los Diputados, "porque, aunque el Ejecutivo tenga tiempo para crear grupos de trabajo, los ciudadanos en riesgo de perder su vivienda no lo tienen".

La propuesta de ley, que fue registrada la pasada semana en el Parlamento por el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha sido presentada este lunes por la secretaria de Política Económica y Empleo, Inmaculada Rodríguez-Piñero, y el secretario de Política Autonómica, Antonio Hernando, quien ha instado al Gobierno a "encerrarse" junto al principal partido de la oposición en un habitación "y no salir hasta que se haya redactado un texto definitivo, porque la gente necesita soluciones inmediatas".

Rodríguez-Piñero ha explicado que esta nueva normativa "va mucho más allá" que la dación en pago, "porque ésta solo resuelve una parte del problema, que es la de la deuda pendiente, sin embargo, con esta ley, el PSOE busca que las familias se queden sin vivienda".

Según la secretaria de Política Económica del partido, la propuesta socialista "cambia la relación de fuerzas y permite que haya equilibrio entre los ciudadanos y las entidades financieras", pues, tal y como ha apuntado, "los bancos tienen responsabilidad en estos procesos, pues concedieron créditos sin haber medido bien los riesgos, por lo que tienen que asumir su parte de culpa".

"Si el Gobierno ha hecho tres reformas financieras para rescatar a los bancos por el procedimiento de urgencia", puede "hacer lo mismo con este proyecto de ley" que no busca otra cosa que "evitar que incurran en situación de desahucio las 250.000 familias que se estima pueden verse afectadas" ha insistido, por su parte, Antonio Hernando. Para ello, el PSOE apuesta por establecer procedimientos extrajudiciales previos -que serían obligatorios para las entidades que reciben ayudas del FROB-, de tal manera que "la persona física tenga las mismas condiciones y garantías que las personas jurídicas o empresas" a la hora de negociar el pago de su deuda.

Esta medida, además, impide que se inicie la ejecución de la hipoteca; también en un posterior proceso judicial, en el caso de no llegarse a acuerdo. Además, el texto de los socialistas aboga por reformar y cambiar la relación de fuerzas en la relación hipotecaria, de tal manera que "las entidades financieras asuman un aparte de su responsabilidad por haber concedido créditos sin haber evaluado correctamente el riesgo".