"Injustificables". Así calificó ayer la directora general de Intermón Oxfam, Ariane Arpa, los recortes que España ha realizado en los últimos tres años en las partidas de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Desde 2009, el gasto ha disminuido un 23%, algo que a su juicio tendrá "graves consecuencias para las personas de los países empobrecidos".

En su último informe, La realidad de la ayuda en 2010, presentado ayer en Madrid y Barcelona, Intermón denuncia el "efecto contagio" que ha tenido el recorte estatal en las comunidades autónomas, que también han reducido sus presupuestos humanitarios, y asegura que "si no se hace nada, la ayuda al desarrollo podría tardar diez años en recuperar el nivel anterior a la crisis, algo que supondría un freno a los avances conseguidos".

Arpa calificó de "especialmente preocupantes" dichos recortes, ya que "se aplican en los sectores claves de erradicación de la pobreza como la salud, la educación y la seguridad alimentaria".

De hecho, la organización estima que con los 1.218 millones recortados entre 2010 y 2011 se podrían financiar numerosos recursos: el sueldo de 600.000 matronas en África (cada una salvaría la vida de 219 mujeres al año), el tratamiento anual para el sida de tres millones de enfermos y seis millones de vacunas infantiles, entre otras necesidades de los más vulnerables.

La directora de la ONG sentenció ayer que "en un momento en el que una de cada seis personas pasa hambre, el Gobierno no debe ahorrar a costa de las personas más pobres". Además, según el informe, "el descenso de la ayuda española contrasta con la situación del país como uno de los principales donantes que encabezan la cooperación en la reducción del hambre".

Por otro lado, el informe enumera los factores que agravan la inseguridad alimentaria, como la "desregulación del mercado mundial de alimentos", el "proteccionismo agrícola en los países ricos" y la "desprotección del derecho a la tierra".

Por todos estos motivos, reclaman "reformas" en las políticas nacionales e internacionales y apuestan por "crear sistemas fiscales justos en los países en desarrollo para luchar contra la evasión fiscal", así como por la imposición de la denominada tasa Robin Hood. "Sólo con gravar un 0,05% las transacciones financieras internacionales se generarían 300.000 millones de dólares al año", explicó Teresa Cavero, coordinadora del informe. "El G-20 debe plantear formas de financiación sostenible para reducir la desigualdad y la pobreza", concluyó.