La Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI) ha convocado una concentración el próximo día 21 en la Plaza de la Virgen en contra de la directiva europea de retorno de los inmigrantes, aprobada ayer por el Parlamento Europeo con el voto a favor del Gobierno de España.

La representante de REDI, Ángela Pedraza, ha calificado la nueva norma de "directiva de la vergüenza" y ha considerado hoy en rueda de prensa que es una "medida lesiva que basa las políticas sobre inmigración en la agresión en lugar de en la cooperación".

Pedraza, que ha estado acompañada por un miembro de la Asociación de Inmigrantes ecuatorianos y latinoamericanos "Rumiñahui" y por Salva de la Cruz, en representación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha avanzado que la concentración contará con la participación de, entre otras asociaciones, Casa Chile, Ateneo Popular, Baobab y la Mesa de Solidaridad con los inmigrantes.

La directiva europea de retorno de los inmigrantes contempla que los inmigrantes en situación irregular puedan ser retenidos un máximo de 18 meses y que los expulsados no puedan pisar suelo europeo en cinco años.

En opinión de Ángela Pedraza, la nueva norma "atenta contra la democracia y la dignidad de los seres humanos" ya que considera no tener papeles como un delito y no como una infracción administrativa al tiempo que establece que existen "ciudadanos de primera con plenos derechos y ciudadanos de segunda: los inmigrantes ilegales".

Por su parte, De la Cruz ha criticado que la directiva "no garantiza el derecho de asilo" -incluido en la cláusula 14 de la Declaración de los Derechos Humanos- ya que aquellos inmigrantes que hayan sido expulsados de la Unión Europea en un plazo menor a cinco años no podrán "ni siquiera solicitar la protección internacional" a pesar de estar en una situación bélica o de peligro.

Asimismo, han explicado que la directiva europea prima la condición de "irregular" frente a la condición de "niño" ya que aquellos menores que se encuentren no acompañados e indocumentados también podrán ser retenidos.

Desde REDI y Rumiñahui también han exigido a las autoridades el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) que han equiparado con los campos de concentración.

La asociación Rumiñahui, que se ha referido al contrato de integración propuesto por la conselleria de Inmigración y Ciudadanía, como "una cortina de humo para tapar la falta de inversión en proyectos de integración", ha acusado a la Administración autonómica de crear "entes sin actividad" para que respalden sus políticas así como de otorgar subvenciones a cambio de "acallar a las asociaciones".

Además, en referencia al Plan de retorno puesto en marcha por el Gobierno central, el representante del CEAR ha definido de "lamentable" que la única medida de "integración" desarrollada por el Ejecutivo sea "invitar a salir a los inmigrantes en situación irregular" y ha subrayado que el nuevo ministerio de Inmigración y Trabajo evidencia que las autoridades "vinculan al inmigrante con la mano de obra barata".

En opinión de Rumiñahui, es difícil que los inmigrantes se acojan al Plan de retorno voluntario porque el pago en dos fases de la prestación del subsidio de desempleo no asegura el cobro y porque muchos inmigrantes ya han asumido gastos en España como la compra de un piso.